Es por un presunto fraude. Una empresa denunció ser perjudicada en la compulsa. El fiscal de la Agencia de Delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez, confirmó que secuestró el expediente y se apresta a tomar testimoniales.
El Gobierno provincial a través del Ministerio de Gobierno y Justicia realizó una licitación para digitalizar documentos oficiales en el Registro de la Propiedad inmueble y el Registro Civil, la Inspección General de Gobierno y la Escribanía de Gobierno.
Se presentaron dos empresas, una de ellas era una UTE, todas de Buenos Aires. la licitación rondó los 3500 millones de pesos y entre las dos ofertas, una estuvo cercana al monto oficial, y la otra, de la unión de empresas, fue de 800 millones de pesos menos.
La comisión pre adjudicataria recomienda otorgar la licitación a la empresa que cotizó el valor más alto y la segunda firma realiza un recurso jerárquico que no habría sido contestado y tampoco figura en el expediente licitatorio. «No lo contestaron y desapareció. Eso, viéndolo así, sería bastante grave», consideró el titular de la Agencia de Delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez, quien confirmó a FM EL CHUBUT que secuestró el expediente y se apresta a tomar testimoniales.
La causa que se inició es «por un presunto fraude». Pero de la investigación se evaluará «si existe un delito penal, o hay una irregularidad administrativa o no hay nada».
