El abogado Eduardo Barcesat presentará una ampliación de una denuncia de 2019 por una presunta maniobra fraudulenta que incluyó la venta de 60 mil hectáreas en zona fronteriza y solicitará anular el DNU del gobierno que deroga la ley que prohíbe la venta de más de mil hectáreas a extranjeros.
«Llevo desde el año 2019 una querella penal por una compra extranjera (chilena) de 60.000 hectáreas en la Provincia de Santa Cruz. Es una zona cargada de historia, geografía y riqueza paisajística. Fue adquirida por un magnate chileno», explicó a PERFIL el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.
«Se trata de tres estancias bajo el dominio de CIELOS PATAGÓNICOS S.A., zona limítrofe con Chile y que fuera parte del laudo de ‘Laguna del Desierto’, tiene 50 km de ribera sobre el Lago San Martín, que del otro lado se llama O’Higgins, y es el más grande y profundo del continente americano. En fin, una zona cargada de historia, geografía y riqueza paisajística», detalló el letrado.
Estas tierras vírgenes tienen afluencia de siete ríos que forman un lago, donde se pretende construir, según Barcesat, un hotel 5 estrellas de 1500 dólares la noche. Y el problema es que se trata de tierras fronterizas que por ley no pueden ser adquiridas por extranjeros (el límite es de 1000 hectáreas y en este caso es un terreno de 60 mil ha). Sin embargo, el nuevo DNU del gobierno de Javier Milei plantea, entre otras tantas reformas y derogaciones de leyes, modificar la normativa actual y permitir la libre compra de tierras fronterizas de parte de extranjeros.
Es por eso que este reclamo de los socios minoritarios que no tuvieron más alternativa que ver cómo se vendían estas tierras pidieron ser querellantes y lograron, a través de la Cámara de Apelaciones, ser reconocidos como tales. De esta manera, Barcesat presentará este jueves 28 de diciembre una ampliación de esa denuncia de hace 4 años para decretar la nulidad absoluta del DNU del gobierno de La Libertad Avanza, que además de esa derogación tiene otras 365 medidas.
«Se les reconoció a mis clientes el carácter de querellantes, tienen los mismos legitimación activa para plantear en sede penal querella contra todos los firmantes del decreto», adelantó el abogado, que además advirtió que de ser rechazados, podrían requerir la intervención directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De todos modos, Barcesat insistió que es el Poder Legislativo quien mayores facultades tiene para anular dicho DNU. «Quién primero tiene la competencia para declarar a nulidad absoluta e insanable de este DNU es quien tiene la competencia para disponer medidas legislativas, el Congreso de la Nación». También, ante las declaraciones del Presidente sobre llevar la aprobación de su decreto mediante un plebiscito, aclaró que «es ridícula la amenaza de someter a plebiscito o consulta popular esta materia, porque todo lo referente a materia penal o reforma constitucional está vedado para la consulta popular, que es el único instituto que regula la Constitución Nacional».
Barcesat adelantó a PERFIL que realizarán este jueves la presentación ante «el mismo Juzgado Criminal Correccional Federal N°9». En el escrito al que pudo acceder este medio, se denuncia directamente a Federico Sturzenegger, «presente en la cadena nacional que diera a conocer la norma que impugnamos», y a «todos los firmantes del DNU 70/2023».
La causa
A la denuncia del constitucionalista defensor de los Derechos Humanos se sumó la propia provincia de Santa Cruz, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas para «investigar funcionarios de zona de frontera que no pararon ni estudiaron la maniobra». Lo mismo procederían a realizar sobre los funcionarios de la Dirección Nacional de Registros de Tierras Rurales.
«Es un acto ilícito que quebranta todos los parámetros de ley de tierras rurales, tiene el curso de un río interior del predio», detalló a este medio Barcesat. Según su presentación, la maniobra fue «sencilla» para aparentar que la compra no fue hecha por el magnate chileno Maximiliano Ibañez Bulnes, titular del holding CORPORA S.A.: «Lo hizo con la simulación ilícita de crear un fideicomiso con socio fiduciario argentino Ezequiel Braun Pellegrini».
«Fue una maniobra sencilla, pero con enorme despliegue del grupo Corpora, hasta que se creó el fideicomiso con un argentino prestanombre, un empleado del mandamás chileno. Se instalaron en el dominio del inmueble y se inició la acción de inmediato, el proyecto era crear un hotel 5 estrellas de 1500 dólares la noche, dicho por los propios socios del proyecto», argumentó.
Braun Pellegrini es familiar de la reconocida familia empresaria dueña de La Anónima, y familiares directos del ex jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña.
Otros de los apuntados por Barcesat son los estudios jurídicos «detrás de toda la operatoria». «Son colaboradores por ahora ocultos (estudios jurídicos que asisten a las empresas extranjeras para apropiarse de vastas extensiones de enorme valor paisajístico y reservas de agua potable). Son estudios que asesoran a todas estas empresas chilenas que están detrás de esta operatoria», manifestó, según publicó Perfil.
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