La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ofreció este mediodía una conferencia de prensa en la que hizo referencia a graves denuncias sobre casos de explotación sexual de mujeres a cambio de planes sociales en la provincia de Chaco. Más temprano, la funcionaria debía concurrir a los Tribunales de Comodoro Py sobre la resolución 943/2023 que estableció la implementación del protocolo antipiquetes. También cuestionó a Cristina Kirchner por la carta que la expresidenta publicó esta mañana.
El encuentro con los medios estaba previsto para las 12 pero arrancó más tarde de lo previsto en el Salón de Conferencias de la Casa Rosada, informaron a Télam fuentes oficiales. Junto a ella estaba el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.
Durante la conferencia de prensa que ofrecieron hoy junto al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, los funcionarios explicaron que la red que funcionaba en la provincia estaba «comandada por un dirigente piquetero que prostituía mujeres a cambio de otorgar y administrar sus planes sociales».
Según se precisó en el encuentro, el intermediario retenía las tarjetas, obligaba a las víctimas a asistir a marchas con fines políticos, y sustraía parte del dinero suministrado por el Gobierno; y actualmente se encuentra detenido.
«Estas prácticas extorsivas no tienen más lugar en este Gobierno. No más intermediarios», sostuvieron los ministros del Gobierno nacional.
También participaron de la rueda de prensa el ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich y el diputado de Chaco Ivan Gyöker.
Previamente, Bullrich concurriría a las 11 a los tribunales de Comodoro Py, donde el juez federal Sebastián Casanello convocó a una audiencia de hábeas corpus por la implementación del protocolo de orden público, a la que también citó a la legisladora porteña Celeste Fierro (Frente de Izquierda).
«Es una audiencia clave, donde se puede resolver el destino del protocolo represivo de Bullrich. Es un paso más en la lucha contra este protocolo que vulnera nuestros derechos, y seguiremos insistiendo en su inconstitucional», remarcó Fierro, quien a las 10, previo a la audiencia, ofreció una conferencia de prensa.
En el contexto de la acción judicial iniciada por Fierro el pasado 18 de diciembre, el Ministerio de Seguridad defendió en un informe la legitimidad de la resolución 943/2023 que estableció la implementación del llamado protocolo para el mantenimiento del orden público, conocido también como «protocolo antipiquetes».
Tras la respuesta, el juez pidió a esta cartera que «adecue el llamado protocolo para el mantenimiento del orden público, la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos» por la Constitución Nacional y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, y citó a las partes a una audiencia.