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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ofreció este mediodía una conferencia de prensa en la que hizo referencia a graves denuncias sobre casos de explotación sexual de mujeres a cambio de planes sociales en la provincia de Chaco. Más temprano, la funcionaria debía concurrir a los Tribunales de Comodoro Py sobre la resolución 943/2023 que estableció la implementación del protocolo antipiquetes. También cuestionó a Cristina Kirchner por la carta que la expresidenta publicó esta mañana.

El encuentro con los medios estaba previsto para las 12 pero arrancó más tarde de lo previsto en el Salón de Conferencias de la Casa Rosada, informaron a Télam fuentes oficiales. Junto a ella estaba el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

Durante la conferencia de prensa que ofrecieron hoy junto al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, los funcionarios explicaron que la red que funcionaba en la provincia estaba «comandada por un dirigente piquetero que prostituía mujeres a cambio de otorgar y administrar sus planes sociales».

Según se precisó en el encuentro, el intermediario retenía las tarjetas, obligaba a las víctimas a asistir a marchas con fines políticos, y sustraía parte del dinero suministrado por el Gobierno; y actualmente se encuentra detenido.

«Estas prácticas extorsivas no tienen más lugar en este Gobierno. No más intermediarios», sostuvieron los ministros del Gobierno nacional.

También participaron de la rueda de prensa el ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich y el diputado de Chaco Ivan Gyöker.

Previamente, Bullrich concurriría a las 11 a los tribunales de Comodoro Py, donde el juez federal Sebastián Casanello convocó a una audiencia de hábeas corpus por la implementación del protocolo de orden público, a la que también citó a la legisladora porteña Celeste Fierro (Frente de Izquierda).

«Es una audiencia clave, donde se puede resolver el destino del protocolo represivo de Bullrich. Es un paso más en la lucha contra este protocolo que vulnera nuestros derechos, y seguiremos insistiendo en su inconstitucional», remarcó Fierro, quien a las 10, previo a la audiencia, ofreció una conferencia de prensa.

En el contexto de la acción judicial iniciada por Fierro el pasado 18 de diciembre, el Ministerio de Seguridad defendió en un informe la legitimidad de la resolución 943/2023 que estableció la implementación del llamado protocolo para el mantenimiento del orden público, conocido también como «protocolo antipiquetes».

Tras la respuesta, el juez pidió a esta cartera que «adecue el llamado protocolo para el mantenimiento del orden público, la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos» por la Constitución Nacional y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, y citó a las partes a una audiencia.

El tío del joven desaparecido en El Maitén dijo que hay dos personas sospechosas, pero siguen en libertad a pesar de las pruebas.

Este martes por la mañana, familiares y amigos de José Crettón se manifestaron en la puerta de Tribunales en Esquel, pidiendo que la justicia actúe.

Lucas Crettón, el tío del joven de 18 años que fue visto por última vez el 11 de agosto en El Maitén, informó que presentaron pruebas de dos personas que lo habían amenazado de muerte. «Las tienen desde el primer día y no hay ninguna persona detenida, siguen libres en su casa con una consigna policial», dijo.

Comentó que, desde el primer momento, la justicia actuó mal porque cuatro días después de la desaparición hicieron el primer allanamiento en la casa donde residía el joven y antes de que vaya criminalística a realizar las pericias «el comisario de El Maitén mandó a limpiar la casa y lavar las sábanas».

Además, señaló que en varias oportunidades intentaron hablar con la dueña de la vivienda donde alquilaba José pero no la encontraron. «No sabemos si está o la hicieron desaparecer también», dijo.

Recordó que la pareja de su sobrino denunció a las 2 horas de desaparecido al exmarido porque lo había amenazado de muerte. También sospechan del yerno de la mujer, que vive en Bariloche.

Mencionó que se van a cumplir 20 días de la desaparición y la justicia cuenta con pruebas, pero no actúa. «No entendemos por qué no lo hace si hay dos amenazas de muerte concretas» indicó e informó que pudieron entrar al Facebook de José y encontraron mensajes donde el yerno de la mujer de 38 años le pone «que dispare porque te vamos a reventar». Eso fue siente días antes de su desaparición.

Ante esa situación, indicó que esperarán hasta el día viernes que la justicia actúe y si no lo hacen harán públicas las pruebas que tienen y les den las explicaciones «de por qué estas personas después de amenazar de muerte a alguien que está desaparecido, no están detenidas».

Con banderas y carteles planteando que “luchar no es delito” y contra la “criminalización de la protesta” se concentraron ayer a la mañana frente a los tribunales de Esquel docentes convocados por ATECh, en apoyo Mariana Castro, Marcela Ancaleo y Santiago Goodman, quienes enfrentan un juicio en Rawson por el incendio en Legislatura y Casa de Gobierno del 2019.

“En el marco del juicio que se está llevando adelante en Rawson queremos brindar desde Esquel el acompañamiento y apoyo a nuestros compañeros docentes”, arrancó diciendo Martín Pena, secretario general de la regional Esquel de ATECh. “También denunciar y repudiar este atropello, esta criminalización de la protesta, esta cortina de humo. Por lo que podemos ver en el desandar, es un juicio que no tiene ni pies ni cabeza, con situaciones casi improbables”.

Para el dirigente gremial, “lo que se está llevando adelante es una cuestión de amedrentamiento, donde quieren incriminar a los que luchan. Por eso este acompañamiento y la conferencia de prensa”.

Advirtió que “los acusan por el incendio de la Legislatura y de la Casa de Gobierno, cuando nunca se incendió la legislatura, solamente entró humo porque el fuego estaba en la explanada de afuera. Y en la casa de gobierno se quemó una puerta, así que la carátula no corresponde. Ese día éramos cientos, quienes veníamos de dos años de lucha, con el acampe del 2018 y los 180 días de carpa en la puerta de la Casa de Gobierno. Veníamos de un desandar del gobierno, con 60 días sin cobrar, donde había aparecido el pago escalonado”.

Recordó también Pena que aquella jornada “se había definido en un plenario de delegados acampar en la puerta de la legislatura hasta tener alguna respuesta. Ahí llegó la trágica noticia de las compañeras que habían muerto en un vuelco: Jorgelina y María Cristina, y se desató la pueblada, el enojo, la impotencia, la angustia”.

En ese contexto “es donde se desata el enojo, la furia, la bronca y se termina dando la quema de unos palets donde se había armado una casilla. Y ahora llaman a tres personas que en su momento eran dirigentes de la ATECh y la CTA. Es algo apropósito para sancionar a quienes luchan, que responde a una cuestión política y económica”.

Para Pena, “el juicio es una cortina de humo para esconder las políticas desastrosas de Mariano Arcioni, y nosotros les damos el acompañamiento a nuestros compañeros que están en el banquillo de los acusados”.

La acción se llevó a cabo para acompañar a referentes del sindicato docente que enfrentan un juicio en Rawson y exigir su sobreseimiento.

El Secretario General de ATECH Regional Oeste, Martín Pena, en diálogo con Red 43 la manifestación que desarrolló el sindicato en Tribunales esta mañana en apoyo a Mariana Castro, Marcela Ancaleo y Santiago Goodman, ex dirigentes que enfrentan un juicio en Rawson por el incendio en Legislatura y Casa de Gobierno durante septiembre de 2019.

En este marco, el dirigente expresó que «Queremos brindar desde Esquel el apoyo a nuestros compañeros y denunciar y repudiar este atropello, la criminalización de la protesta, esta cortina de humo que se quiere poner a través de este juicio donde hay acusaciones casi improbables».

«Se está llevando adelante una cuestión política, de amedrentamiento, de tratar de asustar a los compañeros e incriminar a los que luchan en una cuestión que no tiene sustento», denunció.

Recordó que el motivo de la acusación es el incendio en Legislatura y Casa de Gobierno en Rawson en 2019. En este sentido expresó que la caratula de la causa es incorrecta debido a que «no se incendió Legislatura. Se llenó de humo y el fuego estaba afuera».

«Veníamos del acampe de 2018 y de los 180 días de carpa en Casa de Gobierno. Llevábamos más de 60 días sin cobrar y había aparecido el pago escalonado. La Legislatura tenía que hacer una interpelación al ministro de seguridad Massoni que había dejado una zona liberada en las rutas 3 y 26 para que golpeen a nuestros compañeros y compañeras que estaban protestando», recordó sobre el contexto de los hechos por los cuales se los acusa a los dirigentes.

Y agregó que «la trágica noticia de nuestras compañeras, Jorgelina y Cristina que fallecen en un vuelco camino a Comodoro. Eso desata una pueblada, una reacción de bronca, de mucha angustia, impotencia y se termina dando la quema de unos palets».

«Habiendo cientos de personas solo se acusa a tres, que no por casualidad son quienes eran dirigentes de la ATECH», puntualizó, y afirmó que la acusación fue con una intención de sancionar «a quienes luchan y organizan la lucha.

«Esto es una cortina de humo, es un intento de esconder las políticas desastrosas de este gobernador Mariano Arcioni, de la dirigencia política de ese momento y la actual que no esta repudiando esto. Pedimos desde acá el sobreseimiento y la no criminalización de la protesta», finalizó el Secretario General de la ATECH.

Hay una versión que corrió insistentemente en el curso de esta semana en el ámbito tribunalicio con el vaticinio de que en breve el ex ministro de Seguridad de la provincia y algunos ex integrantes de la plana mayor de la policía, serían citados a una audiencia en la que podrían terminar “imputados” de presuntas maniobras delictivas, por una de las varias denuncias penales que los fiscales de Miquelarena les tienen todavía “pisadas” para que no avancen.

Si bien en esos rumores –que algunos daban por ciertos—no se hablaba concretamente de cuál sería el caso, se llegó a especular de que podría tratarse de aquel suceso en el que Massoni haciéndose el súper-policía y con pistola en mano realizó una detención en el barrio INTA de Trelew, que al día siguiente fue declarada ilegal en la Justicia.

De tratarse de ese hecho, ahí estaría implicado el ex jefe de policía Miguel Gómez y el actual director de Seguridad Cristian Sartor, que fueron los que –según la jueza Mirta del Valle Moreno—permitieron que Massoni se atribuyera facultades que no tenía.

También Massoni y algunos (hoy ex comisarios) que lo acompañaron en sus tropelías durante su nefasta gestión al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia, podrían ser citados a declarar en el juicio oral y público que se viene por el caso del albañil Gabriel Fredes, que en un confuso y brutal operativo policial en el barrio INTA de Trelew (hace más de un año) le balearon la cara con una munición anti- tumulto; de las de posta de goma provocándole graves heridas y casi la pérdida de un ojo.  De ese caso se realizará dentro de poco la audiencia preliminar.

Ahí tienen a un policía imputado –que sería el que disparó—y dicen que para justificar el evidente mal accionar de los uniformados en ese hecho, van a tratar de instalar en el juicio que todo se habría iniciado cuando Massoni, que participó activamente de ese operativo, habría pedido apoyo porque lo estaban atacando a piedrazos.

Si esto se cuenta así, sería otra versión que se sumaría a las cuatro o cinco distintas que se dieron a conocer en su momento; cuál de todas más contradictoria.

Todo parece que 2022 no va a hacer un año muy positivo para el fracasado Massoni.

Susana Austin explicó que tiene una parcela en la Zona Sur Rural de Esquel y aún no puede acceder. «Soy heredera, la sucesión terminó hace siete años y no puedo entrar a mi terreno», explicó.

Susana vive en una casilla frente a tribunales ya que no puede acceder a su terreno ubicado en la zona sur de Esquel. Cabe mencionar que el mismo lo obtuvo luego de una sucesión de la familia Austin.

«Muchos piensan que es una resistencia pacífica, pero la verdadera realidad es que es mi única vivienda», comenzó explicando la vecina.

Asimismo, especificó que hace 7 años terminó la sucesión. «Para acceder a mi parcela, hay un mapa que se encuentra en Catrasto de Esquel y Rawson, no tengo el título porque debo pagarlo. Hay una Calle que figura en el mapa y es de dominio público», indicó.

«La verdadera válida es la que está marcada en el mapa; es el ejido de Esquel», afirmó.

Austin manifestó que fue al Juez de Paz y continuó dando vueltas.

A raíz de la falta de respuestas, se acercó a Fiscalía y reclamó que hay violencia de género porque le cerraron la tranquera y no la dejan transitar.

«No me dejan entrar a mi propiedad y me envían mensajes que no son de cariño»

Después de un año fuei con la policía provincial y filmaron los caminos, además de los campos. En este tiempo vivió al costado de la Policía de Trevelin en la misma casilla.

Por último, Susana comentó que en los últimos días fue apedreada en Trevelin, y por ese motivo se mudó a Esquel. «Cuando llego a Fiscalía me dijeron que habían desestimando todo, por esto reclamo», afirmó y sostuvo que está pidiendo que actué un juez para poder arreglar el tema.

Sin confianza respecto al pago de aguinaldos para este viernes, los Judiciales ratificaron medidas de fuerza con la continuidad de retención de servicios y paro para este viernes. Sigue vigente el pedido de recomposición salarial.

Los empleados judiciales mañana realizarán un paro total de actividades, y habrá manifestaciones en todos los tribunales de la provincia. Piden que los recibe el Superior Tribunal de Justicia para discutir una recomposición social. Ponen en duda que el gobierno de Mariano Arcioni vaya a depositar los aguinaldos este viernes, y reclaman los sueldos adeudados.

El dirigente de Sitrajuch, Raúl Belcastro, dijo en diálogo con El Chubut que hasta ayer no había ninguna información del área contable del STJ de que el Gobierno provincial vaya a depositar los aguinaldos.

«No lo escuché al Gobernador decir que este viernes estaría pagando el aguinaldo a todos los estatales», desconfió el gremialista. Además, remarcó que aún pagando una masa salarial los primeros días de marzo saldarían las deudas de diciembre para los empleados de los rangos 3 y 4.

ENDURECEN MEDIDAS DE FUERZA

Belcastro ratificó que los judiciales siguen con retención de servicios y mañana harán un «paro activo» al igual que el lunes 8 de marzo. También reflotó el reclamo que llevaron al Superior Tribunal de Justicia para que se investigue la deuda contraída por la Provincia.

Junto con la regularización de los haberes, los empleados judiciales piden al Superior Tribunal una recomposición salarial del 20 por ciento a cuenta del año pasado, que se sumaría al 10 por ciento que ya percibieron.

El pedido de recomposición es sobre la base del IPC de la Patagonia 2020 que establece una pérdida del valor adquisitivo del salario del 32,3 por ciento.

Los judiciales vienen realizando protestas periódicas en los tribunales para expresar su descontento con la falta de respuestas del gobierno de Arcioni al reclamo de sueldos. También siguen gestionando reuniones con el Superior Tribunal de Justicia para aplicar la recomposición que entienden que está contemplada dentro del Presupuesto 2021.

Este martes a partir de las 9.30 se llevará a cabo la audiencia de revisión de sentencia condenatoria de la Causa Embrujo. Participarán de la misma defensores, querellantes, la Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción y el procurador general de la Provincia.

En esta tercera instancia, el tribunal de juicio estará integrado por los ministros del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, Mario Vivas y Alejandro Panizzi y el camarista de Puerto Madryn, Leonardo Pitcovsky.

Según indicó diario El Chubut, los magistrados deberán resolver sobre las impugnaciones extraordinarias interpuestas por los abogados defensores en contra de lo resuelto por la Cámara en lo Penal, que confirmó la condena impuesta en primera instancia.

La defensa pública representa a Juan Carlos Ramón, Jorge Aníbal Godoy, Daniela Souza, Rubén Reinoso y Diego Lüters. El abogado Fabián Gabalachis patrocina a Diego Correa y Natalia McLeod, en tanto que Federico Gatica es defendido por Javier Patricio Romero.

La audiencia se llevará a cabo mediante el sistema webex y será transmitida en directo a través de la página de JusNoticias en la red social Facebook.

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut dispuso asueto judicial para el día martes 22 de septiembre de 2020, para los juzgados de Gestión Asociada del Fuero de Familia, de Comodoro Rivadavia, que funcionan en calle Carlos Pellegrini 656/ 663.

La mesa de entradas de los organismos mencionados funcionará por ese día, en la sede de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en tanto, las audiencias, la atención al público y los plazos procesales quedan suspendidos hasta el miércoles.

La resolución fue adoptada en razón de que el Cuerpo Médico Forense confirmó la existencia de un caso positivo de COVID 19 entre el personal que desarrolla tareas laborales en el edificio de calle Carlos Pellegrini.

Por ese motivo, el Superior Tribunal considera que es necesario llevar adelante las tareas de desinfección y mantenimiento que permitan restablecer condiciones de higiene y de bioseguridad.

La medida es sin perjuicio del sistema de guardia telefónica, para la atención de cuestiones vinculadas a casos de violencia familiar y/o de género que requieran urgente despacho o que, por su naturaleza, no admitan postergación.

La Acordada Nº 9450, establece que los magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as dependientes de la judicatura que presten servicios en los juzgados de Gestión Asociada del Fuero de Familia, quedan relevados de la obligación de concurrir a sus lugares de trabajo.

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut dispuso el levantamiento de la Feria Extraordinaria por Emergencia Sanitaria en la circunscripción Comodoro Rivadavia. Por ese motivo, a partir del lunes 14 de septiembre del corriente se reabre la actividad en la totalidad de los tribunales de la ciudad petrolera, con la consecuente reanudación de los plazos procesales.

En el fuero no penal, la reapertura incluye a la Cámara de Apelaciones Civil, Juzgados Civil y Comercial Nº 1 y Nº 2 ,Juzgados de Ejecución N° 1 , N° 2 y N° 3, Juzgados y Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia.

En el ámbito del fuero penal, el reinicio de la actividad abarca a la Cámara en lo Penal, Colegio de Jueces Penales y Oficina Judicial.

La medida también alcanza al Equipo Técnico Interdisciplinario, Oficina del Servicio Público de Mediación y Biblioteca. Todos estos organismos se suman a los Juzgados Laborales de Comodoro Rivadavia, que reanudaron su actividad la semana pasada.

En el ámbito de la Justicia de Paz, la reapertura incluye a los Juzgados de Paz 1, 2 y 3 de Comodoro Rivadavia y los Juzgados de Paz de Rada Tilly y Camarones.

MONITOREO PERMANENTE

La medida se adoptó a instancias del Comité de Asesoramiento Médico Sanitario, que sugirió la flexibilización de las medidas adoptadas el 1 de septiembre pasado.

En el caso de Comodoro Rivadavia, cuya situación se encuentra en permanente monitoreo por parte del Superior Tribunal de Justicia, se ha completado la desinfección de todos los edificios dependientes de la judicatura.

El personal afectado al cumplimiento de tareas en los mencionados organismos deberán dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios y de seguridad establecidos por el Superior Tribunal de Justicia.

La atención al público será de 8 a 12 horas, mediante el sistema de turnos web y se recuerda que los agentes judiciales que están comprendidos en grupos de riesgo no podrán concurrir a sus lugares de trabajo en forma presencial y deberán cumplir su tarea de manera remota.

FUNCIONES DEL COMITÉ MÉDICO

En la Acordada, se remarcó que el Comité Médico Sanitario, es exclusivamente un órgano de consulta permanente del Superior Tribunal de Justicia mientras dure la crisis sanitaria de la Pandemia COV1D-19 y no se encuentra obligado, ni facultado, a evacuar ninguna consulta que no sean aquellas que, con ese fundamento, realice este Cuerpo.

Cualquier asesoramiento u opinión sobre cuestiones relacionadas con el tema, deberán ser canalizados -en forma exclusiva- ante las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut.