El 10 de abril se cumplieron 5 años de la desaparición de Genaro y Cristian Calfullanca, en la localidad de Cholila, departamento de Cushamen, provincia de Chubut. Dos peones rurales que trabajaban para las grandes estancias de la Patagonia haciendo changas y compartiendo mate. Dos mapuche, que no usaban poncho ni vincha, pero que trabajan la tierra y conocían el territorio en profundidad. Dos hombres, padre e hijo, desaparecidos.
Genaro debía declarar en una causa ligada a un conflicto de tierras, pero no apareció. Y desde entonces, no se sabe nada. La Justicia no avanza, no investiga. Porque en Cholila se esconden secretos de un pueblo feudal. Secretos vinculados a la tenencia de la tierra, a los grandes negociados de la Patagonia. A 5 años de su desaparición, el poder político y económico de Chubut también intenta desaparecer la causa judicial.
Su familia los busca, aun sabiendo que se enfrentan a una poderosa red de corrupción, en la que participan funcionarios políticos, judiciales y empresas multinacionales que, desde la Conquista del Desierto, continúan haciendo negociados con la tierra y la vida de los pobladores originarios. La misma red que está detrás de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, de asesinar a Rafael Nahuel, de los ataques a las comunidades mapuche, de expulsar peones rurales, de quemar bosque nativo, todo en nombre de los diferentes negociados entre latifundistas nacionales y extranjeros.
“No se sabe absolutamente nada”
En marzo de 2013, Genaro y Cristian Calfullanca, vecinos de ascendencia mapuche de Cholila, habían sido contratados para alambrar un campo. Eran varias hectáreas cerro adentro, en una región boscosa muy virgen, en el valle del Río Tigre. Desde finales de marzo, hace 5 años, no se supo más de ellos. Los desaparecieron, dejando todas sus pertenencias en el campamento que habían montado para trabajar.
“No se sabe nada, absolutamente nada”, sentencia el abogado de la familia Calfullanca, Edgardo Manosalva. En lunes 9, tuvieron audiencia con el Juez Federal de Esquel, Guido Otranto. El mismo juez que tuvo a su cargo la investigación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Ante este tribunal, la familia Calfullanca realizó en 2015 un pedido de habeas corpus, que está a punto de extinguirse: “El habeas corpus va muriendo porque solamente procede cuando hay una fuerza de seguridad o parapolicial que provoca la detención ilegal. Hasta hoy no existe prueba alguna que involucre fuerzas de seguridad. Por más que la desaparición esté y está probado que fue contra su voluntad.”
El juez Otranto cumplió con el protocolo previsto en la ley de habeas corpus, pero hasta ahora, no hay ningún avance. “Hay como una treintena de testigos a lo largo de estos tres años, pericias, hospitales, morgues, de todo el país,… y ¿qué se sabe? Nada en absoluto”.
Antes de cerrar el habeas corpus, el juez va a llevar adelante algunas medidas de prueba, que la familia cree que es importante hacer: profundizar sobre unos testimonios, entrevistar a un vecino que nunca fue llamado, peritar el celular de uno de los patrones de Genaro y diversas acciones que, de llevarse adelante, traerán cierta esperanza para la familia.
El negocio de tierras como telón de fondo
Cholila es una pequeña comuna rural de la precordillera patagónica. Es una extensa región de bosque nativo, con ríos puros y un lago del mismo nombre. Cuenta con apenas 3 mil habitantes, en su mayoría peones rurales de ascendencia mapuche que trabajan para grandes estancias y country vips a la vera del lago. Entre los dueños más hacendados de la tierra aparecen figuras como De Narvaez, Marcelo Tinelli, Paolo Rocca, la firma urbanística Eidico y la multinacional belga BURCO.
La localidad fue noticia en el verano de 2015 por un enorme incendio forestal que destruyó más de 40.000 hectáreas de bosque nativo y, casualmente, se inició en el mismo valle en que habían desaparecido los Calfullanca. Incendio presumiblemente provocado para un multimillonario negocio inmobiliario, conocido en esta zona como el “Curro Verde”. Este ecocidio le permitió a los dueños de los campos, fraccionar y vender miles de hectáreas; algo que no podían hacer mientras hubiera bosque nativo protegido por la ley. Pero donde ya no hay naturaleza que moleste, se abre espacio para los negocios.
Genaro Calfullanca era testigo en una causa por daños y amenazas, ligada a un problema de tierras. Tiempo antes de su desaparición, lideró una cuadrilla de peones contratados por una estancia, y mientras trabajaban, presenciaron una discusión violenta entre la estanciera que los contrató y su vecino. Debora Finkelstein denunció a su vecino Oscar Ruiz por amenazas de muerte, y la Justicia inició un proceso de investigación. Genaro Calfullanca tendría que haber declarado.
Oscar Argentino Ruiz pertenece a una histórica familia de Cholila, y es cuñado de Néstor Becerra, quien por aquel entonces formaba parte del ejecutivo municipal. Becerra, junto al ex intendente de Cholila, Miguel Castro, enfrentaron una serie de denuncias por presuntas entrega de tierras fiscales de manera fraudulenta, por firmar contratos multimillonarios del municipio con amigos, y por mal desempeño de funcionario público, juicios del que salieron por la puerta grande, como si nada hubiera pasado. También pertenecen a un grupo de funcionarios que integran la Sociedad Rural de la región. En agosto del año pasado, Becerra tuvo reuniones con Pablo Noceti, el segundo de Patricia Bullrich, días antes de la desaparición de Santiago. El defensor de genocidas estuvo por esta región cordillerana, en reuniones con varios terratenientes y estancieros, como Ronald McDonald, el administrador de los campos de Benetton.
Para el abogado de la familia, la desaparición de Cristian y Genaro no fue estrictamente para silenciarlos. “Hay pruebas de amenazas contra Genaro, pero no me aventuraría a decir que su posible muerte tuvo que ver con que él iba a declarar, pero si toda esta situación de conflictos sumaba” Sin embargo, las desapariciones de padre e hijo destaparon la olla del negociado que estaban llevando adelante los funcionarios y empresarios de la zona. Manosalva agrega: “Salió muchísimo. No salió todo, pero si algo desnudó y quedó probado judicialmente esto: el miedo reverencial que existe sobre estas figuras. Por eso ese silencio que hay en Cholila”.
El abogado recuerda que el ex intendente y su secretario de gobierno, junto con la policía, montaron un operativo de búsqueda para las cámaras y la prensa. “Becerra el que aglutinó toda la investigación. Hasta hicieron un Comité de Crisis por la búsqueda, y junto con Castro eran los ojos y oídos del fiscal Oro”.
El encubrimiento judicial
Desde que se denunció la desaparición de los Calfullanca, el primer fiscal que debía investigar fue Oscar Oro. Fue el mismo fiscal que impulsó el juicio a los funcionarios de Cholila, y que no se inmutó cuando los dejaron libres. Para la familia Calfullanca, el fiscal Oro no tenía intenciones de avanzar en la investigación y búsqueda. Ni siquiera recorrió el lugar. “No llamaba a testigos, no llamaba a pericias, no hacía nada. Dejaba que pasara el tiempo nomas. Tuvo un rol prominente en esa paralización de la causa porque directamente hacia todo para no avanzar.”
En 2015, luego de tres años de que no hubiera novedades desde la desaparición, la familia decidió denunciar al fiscal Oro por estar “obstaculizando” la investigación y presentaron un habeas corpus ante el Juzgado Federal de Esquel. Como el titular, Guido Otranto, estaba de licencia, quien los recibió fue el juez subrogante Ricardo Gerosa Lewis, un famoso abogado de Esquel apoderado de varias empresas, entre ellas Compañía de Tierras del Sur S.A., la empresa textil y forestal de Luciano Benetton.
“Fue el abogado de Benetton, es la casualidad permanente: de 500 abogados que somos en el foro justo le tocó a él. La toma Ricardo Gerosa Lewis a las 12:15 y a las 17:15 ya tenía firmado el rechazo”.
Incluso fue más allá: denunció a la familia por gravísimas acusaciones contra la investigación de la justicia provincial. Es decir, no solo se hermetizaba aún más la causa por desaparición, sino que se intentó criminalizar a los familiares por denunciar.
La familia Calfullanca apeló la decisión, y la Cámara Federal de Comodoro ordenó a Otranto tramitar el habeas corpus. Ese habeas corpus, que de no generar pruebas en el próximo tiempo, se extinguirá y la investigación se volvería a estancar en la justicia provincial.
Se cumplen cinco años desde su desaparición. En este tiempo, la investigación no arrojó ningún dato concreto. En Cholila se sabe lo que pasó, pero nadie habla: “Vos vas y te dicen hay gente que sabe, ¿pero quién hablaría? Nadie”.
Cada año la recompensa para obtener datos sobre sus paraderos aumenta. Pero nadie arriesga su pellejo. La impunidad, la corrupción y los negociados en la Patagonia, encubren desapariciones y asesinatos. Calfullanca, Quintupuray, Cárdenas, Maldonado, Nahuel. Son algunos de los nombres que están en la memoria de este territorio, de las comunidades rurales, del pueblo mapuche. Y la justicia del hombre blanco, el winka, hace todo lo posible por extinguirlos.
