El fiscal Omar Rodríguez acusó a Carolina Pardo Said, exjefa de Compras en el Ministerio de Seguridad, de haber contratado en forma directa a su pareja Vicente García para labores de albañilería, pintura, electricidad, herrería y reparación de coches oficiales. La investigación durará seis meses.
Carolina Pardo Said, exjefa de Compras en el Ministerio de Seguridad, fue imputada por contratar ocho veces en forma directa a su propia pareja, Vicente Andrés García, para hacer trabajos en esa cartera provincial. La audiencia de apertura de investigación fue el viernes en la Oficina Judicial de Rawson, con la jueza Karina Breckle.
Desde enero de 2020, Pardo fue responsable del Departamento de Compras de la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Seguridad. En ese carácter contrató a García para labores de albañilería, pintura, electricidad, herrería, refacciones en general y hasta reparación de vehículos oficiales.
El fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, consideró que Pardo aprovechó su cargo como responsable del manejo de fondos del Estado con la “clara intención de beneficiar económicamente a su pareja”.
De acuerdo a la imputación, desde fines de 2022 la entonces jefa de Compras direccionó las contrataciones directas “insertando un interés particular, por encima del interés público, al cual la funcionaria debió dar preeminencia”.
El presunto fraude se estima en $ 1.092.700. “De haber respetado el cumplimiento de la ley en cuanto al procedimiento de contratación, hubiese redundado en un beneficio para el Estado Provincial”, dijo el fiscal.
En una de las contrataciones los trabajos ni siquiera los hizo García sino el propio personal del área de Logística de la Policía del Chubut. Él sólo cobró. Y en otra contratación para un trabajo de electricidad hubo “un claro sobreprecio”.
En el primer expediente cuestionado, de diciembre de 2022, Pardo contrató a García para reparar el tren delantero de una camioneta Kangoo, además de la distribución y pastilla de frenos. El hombre de la pareja cobró $ 139.160.
En el segundo expediente del mismo mes, García cobró $ 34.300 por arreglar las puertas y el portón trasero de la misma Kangoo.
En el tercer expediente, el exsubsecretario de Seguridad, Néstor Becerra, pidió contratar un electricista para trabajos en el Centro de Monitoreo de Trelew. Pardo le pidió a su pareja que presupueste el trabajo como contratación directa. El trámite se aprobó y García embolsó $ 343.000.
En el cuarto expediente, Pardo le pidió presupuesto a su pareja para fabricar un tacho de residuos de metal para exterior, con 4 patas, y colocarlo para el Ministerio de Seguridad, en John Parry Madryn de Rawson. Por este contrato García cobró $ 78.400.
En el caso del quinto expediente, el exsubsecretario Becerra pidió contratar mano de obra para refaccionar paredes y hacer pintura para Jefatura de la Policía, incluyendo rellenado de huecos, grietas, reparación de filtraciones y lijado. La pareja de la exjefa de Compras cobró $ 196.000.
En el sexto expediente la contratación fue para reparar un vehículo oficial Chevrolet Astra: cambio y reprogramación de sistema informático, limpieza y cambio de inyectores, reparación de instalación eléctrica y bobina de encendido. De nuevo la jefa Pardo le solicitó presupuesto a su pareja. Tras la contratación directa, García cobró $ 137.200.
En el séptimo expediente, el Ministerio de Seguridad solicitó reparar un vehículo oficial Chevrolet Agile: batería, arreglo y reprogramación del sistema informático y limpieza de inyectores. Tras la intervención de su pareja en el trámite, García obtuvo el trabajo y cobró $164.640.
Para el último expediente, se le pidió a Pardo activar mano de obra para revisar la camioneta Kangoo debido a su mal funcionamiento: reparación de balizas, guineo y colocación de espejo, entre otros detalles. El mismo día la exjefa de Compras le pidió presupuesto a su pareja. En esta ocasión García no hizo el trabajo por “problemas personales”.
El cargo es defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatible e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Ella como autora y él como partícipe necesario.
La jueza Breckle abrió la investigación por 6 meses.