La Justicia argentina frenó un pedido pero avaló la querella del gendarme torturado.
La Cámara Federal porteña tomó una determinación clave en los tribunales de Comodoro Py dentro de la causa penal que se tramita contra el exmandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, por crímenes de lesa humanidad.
Revés judicial para una denunciante y aval exclusivo para el gendarme argentino
Los jueces de la Sala I,Eduardo Farah y Pablo Bertuzzi, rechazaron la incorporación como querellante de una ciudadana venezolana identificada por sus iniciales Y. I. C. N., quien buscaba sumarse a las actuaciones tras denunciar maniobras de persecución por parte de funcionarios del régimen en su vivienda antes de exiliarse de su país.
Los magistrados fundamentaron la negativa al detectar una «ambigüedad» en los argumentos planteados, señalando que la presentación no describía un hecho concreto para habilitar la jurisdicción argentina ni justificaba su condición de particular ofendida por delitos de lesa humanidad.
Esta decisión contrasta directamente con el antecedente fijado pocas semanas atrás por el mismo tribunal al aceptar al gendarme argentino Nahuel Gallo como querellante con representación propia. En el caso de Gallo, la Justicia argentina hizo una excepción a la regla de unificar querellas —las cuales se encuentran agrupadas bajo las representaciones de los abogados Jovtis García y Farini Duggan— para permitirle conformar un tercer grupo independiente debido a la gravedad institucional de los hechos denunciados durante su secuestro y cautiverio en territorio venezolano.
Torturas en El Rodeo I, impacto en Gendarmería y el pedido ante Casación
La aceptación de la querella particular de Nahuel Gallo busca investigar a los responsables materiales e intelectuales de su captura, la arbitrariedad del proceso judicial sufrido en Venezuela, el encierro al que fue sometido en el penal de El Rodeo I y las torturas padecidas a lo largo de los 448 días que permaneció privado de su libertad.
La resolución judicial subrayó que su condición de ciudadano argentino y miembro en actividad de una fuerza de seguridad nacional le otorga a los hechos un matiz propio con eventuales impactos en el funcionamiento de la propia Gendarmería Nacional Argentina, lo que impidió agruparlo con el resto de las víctimas representadas.
En el tramo actual del expediente, las partes querellantes se encuentran a la espera de un pronunciamiento decisivo por parte de la Cámara Federal de Casación Penal.
El máximo tribunal penal del país debe resolver un recurso de nulidad impulsado por la defensa de Justo José Noguera Pietri, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, quien pretende el cierre definitivo de la causa cuestionando la aplicación del principio de jurisdicción universal que le permite a los tribunales argentinos juzgar violaciones a los derechos humanos cometidas en el extranjero.