El titular de la Unidad Fiscal Especializada en delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez, se opuso al pedido de la defensa y expresó que “los casos de corrupción se deben resolver en un juicio oral y público. La publicidad es fundamental y lo que demanda la sociedad”.
Los jueces Carlos Richeri, Marcela Pérez Bogado y Raquel Tasello se encuentran analizando si seis de los siete imputados en la causa “ñoquis calientes” serán sometidos a un juicio oral y público o si se podrán acoger a la “suspensión de juicio a prueba” por dos años y el pago además de 300 mil pesos en tres cuotas consecutivas. El pedido fue realizado por los defensores de los imputados, en una audiencia en la que el fiscal general Omar Rodríguez se opuso a esta solicitud.
La audiencia fue pedida por los defensores Romano Cominetti y Francisco Romero, que asisten a los siete imputados. Para ambos “se dan las condiciones de evitar el juicio oral y público”, no obstante considerar “la inocencia de los imputados” en caso de llegarse a esta instancia.
La suspensión de juicio a prueba está prevista en el Código Procesal del Chubut. Indicaron que los imputados no tienen antecedentes penales y las penas previstas no son de efectivo cumplimiento. A través de sus defensores, Branco Rodera Neira, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Miguel Reto Reyes, Jackelina Rodera y Adriana Cañumil, ofrecieron pagar 300.000 pesos en tres cuotas consecutivas.
El titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, se opuso al pedido de los defensores. Rodríguez destacó la jurisprudencia de la Cámara Penal de Trelew en casos de corrupción, jurisprudencia que revela a todas luces que cuando se trata de particulares que no son funcionarios, pero participan en hechos de corrupción junto a funcionarios públicos no le corresponde el benéfico de suspensión de juicio a prueba. La Cámara Penal de Trelew, viene sosteniendo hace varios años, en función de casos por corrupción, los compromisos asumidos por el Estado respecto de las obligaciones en cumplimiento de los pactos y las convenciones internacionales contra la corrupción que tienen jerarquía constitucional.
Todos estos compromisos -según el fiscal general Rodríguez- “son claros” al momento de destacar que quienes son asesores de funcionarios públicos, deben ser considerados de esa condición.
Citando esos compromisos internacionales, indicó que “todos estos hechos de corrupción que afectan dineros del Estado “afectan los derechos humanos porque afectan la salud, la educación, entre otro organismo del Estado. Por ello deben ser ventilados en juicios orales y públicos con la debida publicidad”, citando al camarista Alejandro De Franco. En el mismo sentido, señaló también expresas instrucciones generales por parte del procurador Jorge Miquelarena que es quien fija la política criminal a seguir.
Rodríguez pidió que todos los imputados sean sometidos a juicio oral y público “a la mayor brevedad” y resaltó la importancia de la publicidad del juicio oral y público, “es lo que demanda la sociedad”
Torres Otarola
Para la ex ministra de familia y ex diputada Provincial, Cecilia Torres Otarola, no se dan las condiciones procesales para que se le aplique la suspensión de juicio a prueba. Igualmente, debió participar de la audiencia realizada este martes. Fue acusada por el delito de fraude a la administración pública en calidad de autora por 8 hechos, tres por el delito de concusión y cinco por fraude, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para el fiscal Omar Rodríguez, la ex funcionaria “resultó una pieza central de la actividad delictiva investigada”.
Según las calificaciones legales escogidas, la escala penal parte desde los dos años de prisión, más inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. La Fiscalía estimó que al momento de pedir pena de prisión para la ex ministra y diputada, la misma no será inferior a los cuatro años de prisión efectiva, más la inhabilitación especial por igual plazo.
