Javier Milei quiere avanzar con la privatización del Correo Argentino sin el tratamiento de una ley del Congreso. La mesa técnica del Ejecutivo se respalda en el estatuto de la empresa y sostiene que puede venderla por decreto.
En la Casa Rosada se habla de una oferta de compra, pero evitan dar nombres. El encargado de llevar a cabo la privatización de empresas públicas es el exinterventor de Télam, Diego Chaher, que tendrá una unidad ejecutora dentro del Ministerio de Economía que preside Luis Caputo.
Se trata de una de las empresas que el oficialismo excluyó de la lista de privatizaciones que se votó dentro de la Ley Bases en el Senado junto con Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina. El vicejefe de gabinete, Lisandro Catalán, es uno de los directores titulares.
El Correo cuenta con el Estado Nacional como único accionista y se compone una red de 1400 sucursales y postales. Tuvo un déficit de $71.322 millones en 2023 y Nación le envió más de $90.000 millones en 2024 para avanzar con el plan de retiros voluntarios.
El expresidente Carlos Menem creó en 1992 la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (ENCOTESA) a través del decreto 2793 y habilitó su privatización en 1997. El exmandatario Néstor Kirchner la estatizó en 2003.
La empresa se rige por la Ley General de Sociedades (19.500) y el decreto 721 de 2004, que la constituyó y la derivó a la órbita de comunicaciones “hasta tanto se privatice con el objeto de prestar el Servicio Oficial de Correo, comprendiendo todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía prestados oportunamente por Encotesa”.
El Gobierno también quiere acelerar la privatización de las empresas Corredores Viales, Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Tandanor, IMPSA y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT).
La Casa Rosada busca avanzar con los procesos de venta de las sociedades habilitadas por su composición y prepara proyectos de ley separados para las que sea necesario el respaldo legislativo como Aerolíneas Argentinas y Banco Nación.
El Ejecutivo ya arrancó a reducir las empresas que no puede privatizar en el corto plazo. Recortó las rutas de Aerolíneas Argentinas que considera que no dan rentabilidad y habilitó que solo las completen si los gobiernos provinciales financian la diferencia.
“No queremos ser buenos gestionadores de empresas. No nos interesa. Ahora vamos a reducirlas lo más posible en torno al balance y el precio que puedan tener. Queremos que sean más rentables”, expresó un funcionario a TN.
El Ejecutivo deberá pasar las empresas públicas que fueron aprobadas en la Ley Bases por la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. Se compone de seis senadores y seis diputados y deberá ser informada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el estado legal y financiero de las empresas.
El proceso de privatización podrá materializarse por venta de activos, de acciones y establecimientos o haciendas productivas y por la administración con o sin opción a comprar por un plazo determinado, estableciéndose previamente el valor del precio de su venta. Lo mismo aplica para la concesión, licencia o permiso.