El lunes 26 de agosto se publicó la Decisión Administrativa 836/2024 en el Boletín Oficial. La nueva norma del Gobierno, conocida como “Silencio Positivo”, entrará en vigor en dos etapas. A partir del 1° de noviembre de 2024, el mecanismo se aplicará a las reparticiones de la Administración Pública Central y los organismos desconcentrados. Los organismos descentralizados, por su parte, comenzarán a implementar el “Silencio Positivo” el 1° de diciembre de 2024.
En qué consiste el “Silencio Positivo”
La normativa establece que si un ciudadano realiza un trámite ante la administración pública y no recibe una respuesta dentro del tiempo establecido, se considerará que el trámite fue aprobado automáticamente.
Esta medida aplica tanto a la Administración Pública Central como a los organismos descentralizados y desconcentrados. El “Silencio Positivo” busca agilizar y simplificar los procedimientos administrativos, evitando demoras innecesarias y burocráticas.
A partir del 1 de noviembre de 2024, las reparticiones de la Administración Pública Central estarán obligadas a implementar esta medida en los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones administrativas que se realicen a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) u otros sistemas que utilicen las diferentes reparticiones.
El objetivo principal de esta medida es garantizar la eficiencia en la respuesta a las solicitudes de los ciudadanos. Tradicionalmente, muchos trámites administrativos fueron criticados por su lentitud y la falta de respuesta por parte de las autoridades, lo que genera frustración y complicaciones para los solicitantes.
Este mecanismo no se aplica en ámbitos críticos como la salud pública, el medio ambiente, la prestación de servicios públicos o los derechos sobre bienes del dominio público, donde se requiere una evaluación rigurosa y explícita por parte de las autoridades competentes.
Qué se quiere lograr con el “Silencio Positivo”
Con la implementación del “Silencio Positivo”, el Gobierno busca revertir esta situación, obligando a que la falta de respuesta en tiempo y forma sea interpretada como una aprobación tácita del trámite en cuestión. Es importante destacar que esta medida no solo aplicará a los trámites iniciados a partir de la fecha de vigencia, sino también a aquellos que ya están en curso y aún no recibieron una resolución definitiva.
Esto representa un cambio significativo en la interacción entre los ciudadanos y la administración pública, ya que otorga mayor poder a los ciudadanos y reduce la arbitrariedad de los funcionarios en la resolución de trámites.
