Luego de que el Gobierno resolviera cerrar el fondo fiduciario que estaba destinado a la actividad ovina en el país, productores pidieron una línea de financiamiento atada a valor producto y vinculada a una visión de un programa de desarrollo de la Ley Ovina. Su idea es que la herramienta venga a suplir el desfinanciamiento que sufren en la Patagonia por la eliminación del fideicomiso.
“Hay una voluntad clara del gobierno nacional de no utilizar como herramienta de financiamiento los fideicomisos”, dijo César Guatti, productor y representante de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS). La provincia fue severamente afectada por las críticas nevadas de los últimos meses que llevó a una pérdida importante de stock ovino. En un primer momento se estimaba una pérdida del 30% en Santa Cruz, pero, según fuentes consultadas, ahora podría rondar de 15 a 18%.
A partir de la decisión del Gobierno de cerrar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), creado por la ley 25.422 de ganadería ovina de 2001, los productores comenzaron a gestionar a través de la Secretaría de Agricultura, conducida por Sergio Iraeta, nuevas herramientas para lograr financiamiento, especialmente para el mantenimiento y la producción de la actividad.
La alternativa, según los productores, es que se diseñe una herramienta similar a los créditos a pagar en producto, soja y leche, pero que sea específicamente para la lana. “Son una opción que se podría aplicar a ciertos productores de la Patagonia, fundamentalmente a aquellos con acceso bancario. Enfrentamos un problema y es que algunos pequeños productores no tienen acceso al financiamiento bancario, por lo que debemos considerar algún otro tipo de financiamiento extrabancario, que podría venir de algún fondo alternativo”, precisó.
Según mencionó, este acceso puede servir para los productores que están “armados” con carpeta bancaria o que tengan un antecedente financiero. “Estos créditos otorgados a valor producto pueden servir, pero tienen que adaptarse a la realidad lanera. Podrían ser a valor producto o a valor dólar oficial, que es el dólar con el que se maneja la producción lanera. Nosotros estamos trabajando fundamentalmente en lograr una línea de financiamiento con estos parámetros”, expresó.
Esta herramienta dicen que de alguna manera se puede complementar con la Ley Ovina, que tiene dos partes: una es la ley propiamente dicha y la otra es el fondo para lograr el financiamiento de la ley. “Si la ley existe y logramos una vía de financiamiento que pueda atender los requerimientos de los productores dentro del marco de la ley, podría tener viabilidad. No tenemos inconveniente en que sea para todo el país. Es tan importante la impronta que tiene la actividad ovina en la Patagonia, porque somos un monocultivo, esto lo planteamos todas las veces que fuimos con las autoridades nacionales. Lógicamente, a nosotros nos afecta sobremanera, porque si sacamos la actividad ovina, nos quedamos sin nada; es nuestra principal actividad, prácticamente el 90% de nuestra economía, y no podemos quedarnos sin este financiamiento”, apuntó.
El Fondo Fiduciario de la Ley Ovina Nacional era de $800 millones por año para todo el país. “Creo que el vocero presidencial [Manuel Adorni] mencionó algo de 3000 millones, pero el fondo era de 800 millones anuales. No se sabe si esos $3000 millones fueron en diferentes años, pero el fondo era de menos”, precisó. En aquel momento, los productores cuestionaron las palabras del vocero presidencial.
La posibilidad de crear líneas de financiamiento gestionadas a través del BICE la plantearon el mes pasado en la Secretaria de Agricultura en una reunión donde participaron productores de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Fue en el marco de una agenda de 10 puntos. La idea es conformar una mesa ovina dentro de la Secretaría para poder avanzar en los puntos de mayor interés. “Fue muy productiva porque pudimos avanzar en este planteo. El tema del financiamiento es el que más fuerte tiene que impactar”, agregó.
Sobre las nevadas, mencionó que el Gobierno nacional estuvo muy ágil en destrabar los fondos para la homologación de la emergencia agropecuaria en las provincias afectadas. “Fue un trámite muy rápido para llegar a los primeros auxilios, muy ágil para gestionar la homologación para la compra de alimentos para los animales en situación crítica, lo que va a salvar a muchos de ellos. Con la retirada de la nieve, en algunas zonas donde no se había podido ni siquiera entrar aparecieron muchos animales muertos. Habrá que evaluar esto cuando se haga la primera esquila, probablemente en octubre”, precisó.
Entre septiembre y octubre se va a comenzar con las primeras esquilas de preparto en la Patagonia. A partir de ahí, se tendrá una idea más clara de las pérdidas y se podrá actuar en consecuencia, según los productores. “Para el repoblamiento será importante contar con una línea especial, ya sea de retención de vientres o de compra de vientres, para poder atender a estos productores”, señaló.
Por último, explicó que se debe hacer una evaluación de las pérdidas que hubo y un programa de desarrollo donde el financiamiento tendrá que estar atado a una visión del sector. Esto donde se prioricen las cuestiones importantes como la genética, la retención de vientres, la intensificación de la producción y áreas bajo riego, entre otros.