En una nota conjunta, Neuquén y Río Negro exigieron a Nación avanzar, en forma mancomunada, con la elaboración de los pliegos de las licitaciones que decidirán las futuras concesiones de las represas que se ubican sobre los ríos Limay y Neuquén.
El escrito lleva las firmas de los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, quienes reiteraron al secretario de Energía Eduardo Chirillo que el dominio de los recursos hídricos corresponde a la jurisdicciones provinciales.
Por eso, se le solicitó a la cartera energética nacional la celebración de un acuerdo tripartito entre Nación y las provincias, con el objetivo «de avanzar en la elaboración de los pliegos de bases y condiciones que regirán el concurso y eventuales nuevas concesiones de generación de energía eléctrica».
Estas corresponden, se precisó, a los complejos hidroeléctricos Chocón – Arroyito, Cerros Colorados, Piedra del Águila y Alicurá, cuyas concesiones fueron extendidas una vez más por el plazo de un año, con la promesa de relicitarlas en seis meses.
Señalaron que, de no reconocer la jurisdicción provincial del recurso, quedará comprometida «de manera insalvable la validez de los futuros contratos vinculados directa e indirectamente a la explotación de esos complejos y el éxito de la iniciativa que lleva adelante el Estado Nacional«.
Tanto Figueroa como Weretilneck consideraron entonces como «insoslayable» que se habilite de inmediato «un procedimiento conjunto para la participación de las Provincias en la elaboración de la totalidad de las bases del Concurso Público Nacional e Internacional«, que habilitó el decreto 718/2024 del Gobierno nacional.
Represas en el Limay y Neuquén: qué esperan las provincias del acuerdo tripartito con Nación
La propuesta de un «Acta Acuerdo Tripartita» posibilitaría según explicaron ambos gobiernos provinciales, la conformación de una «comisión técnica que tendrá a su cargo, sin limitación alguna, la elaboración de los pliegos que contendrás las bases y condiciones generales y particulares» que regirán el concurso y el eventual contrato de concesión.
Con el plazo de 180 días ya en marcha para el llamado a licitación, las provincias solicitaron la respuesta del Gobierno nacional en un periodo de 10 días corridos de recibida la nota.
