Un juez federal anuló este jueves la política de “parole in place” del Gobierno de Biden que otorgaba estatus legal a ciertos individuos indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses.
según publicó CNN, el juez de distrito de Estados Unidos J. Campbell Barker había puesto previamente una suspensión administrativa a la regulación, implementada a principios de este año cuando el presidente Joe Biden se postulaba para la reelección, mientras consideraba la demanda presentada por Texas y otros 15 estados. La política protegía de la deportación a ciertos cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses y les permitía trabajar legalmente en el país mientras buscaban la ciudadanía.
En su fallo de este jueves sobre los méritos del caso, Barker, nombrado por el presidente electo Donald Trump durante su primer mandato, dijo que el Congreso no había otorgado al poder ejecutivo la autoridad para implementar tal política. Escribió que “la historia y el propósito confirman que la visión de los demandados” de la ley de inmigración relevante “estira la interpretación legal más allá de su punto de ruptura”.
El caso es uno de varios desafíos legales en curso a las políticas del Gobierno de Biden que la próxima administración Trump podría negarse a defender después de que la Casa Blanca cambie de manos.
Barker rechazó una solicitud de individuos que se beneficiaron del programa para intervenir en el caso y así poder defender la política.
La política habría aplicado a personas que han estado viviendo en los Estados Unidos durante 10 años, y utilizaba la autoridad legal existente conocida como “parole in place” que ofrece protecciones contra la deportación. Además de los cónyuges, la política también se aplicaría a hijastros indocumentados de ciudadanos estadounidenses.
Como reportó previamente CNN, se estimaba que el programa podría afectar directamente a entre 750.000 y 800.000 personas. Eso podría haberlo convertido en el programa de alivio más amplio del gobierno federal desde la implementación en 2012 del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, que protege de la deportación a los inmigrantes indocumentados traídos a los Estados Unidos cuando eran menores.
El propio DACA es actualmente el objetivo de un desafío legal que lleva años. Un tribunal de apelaciones escuchó a principios de este otoño argumentos sobre un fallo de un juez que consideró ilegal el programa DACA, pero permitió que continuara para los inscritos actuales mientras se resolvía una apelación.
