Disolución de la AGP. Según publicó El Litoral, el gobierno de Javier Milei oficializó este lunes a través de un decreto la disolución de la Administración General de Puertos (AGP). Se trata del cierre de la sociedad estatal encargada de la administración del puerto de Buenos Aires y, en los últimos años, de la hidrovía del río Paraná, una vía clave para el comercio exterior del país.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial en el Decreto 3/2025, que dispuso la disolución de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (AGP SAU) y la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES. Asimismo, se creó la AGENCIA NACIONAL DE PUERTOS Y NAVEGACIÓN (ANPYN), un ente autárquico del Ministerio de Economía.
Allí explicó que esta entidad asumirá el rol de concesionario de la vía navegable troncal hasta que se adjudique una licitación. Mientras que una vez que se entregue la concesión, estará a cargo de la fiscalización y el control, por si mismo o por terceros.
Entre las consideraciones, el Ejecutivo tomó el artículo 40 del Decreto 70/23 que “derogó la Ley Nº 20.705 de Sociedades del Estado, y por el artículo 48 de dicho decreto se dispuso que las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas, sin prerrogativa pública alguna“.
Mientras que, según consideró el Gobierno, “a lo largo de los últimos años la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL ha incrementado notablemente su estructura administrativa y la planta de personal con relación a la sus funciones y competencias”.
Además, se estableció que la conducción de este ente estará a cargo de un director ejecutivo con rango de Secretario de Estado. En ese sentido, se reglamentó en el Decreto 5/2025 que Iñaki Miguel Arreseygor sea el nuevo director ejecutivo de la ANPYN.
Arreseygor se venía desempeñando como subsecretario de Puertos y Vías Navegables en el Gobierno de Javier Milei y presentó formalmente su renuncia en los últimos días para asumir en est nuevo cargo.
Con la publicación de este decreto, la AGP se transforma en la segunda empresa estatal disuelta por la actual administración. En octubre, el gobierno ya había liquidado Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), argumentando que la entidad no cumplía funciones esenciales.
La disolución de la AGP coincide con un momento crítico para el comercio exterior argentino. Actualmente, se encuentra en marcha la licitación para el dragado de la hidrovía del río Paraná, por donde transita el 80% de las exportaciones del país. Este proyecto representa un negocio estimado en 9.000 millones de dólares, lo que generó una intensa competencia entre las principales empresas dragadoras del mundo, muchas de las cuales desplegaron estrategias de lobby en el país en busca de adjudicarse el contrato.
Según la resolución que regula el proceso de licitación de la hidrovía del río Paraná, las “personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por estados soberanos o agencias estatales” no pueden participar, conforme al artículo 16°. Esto impacta directamente a empresas como Shanghai Dredging Co., una filial de la China Communications Construction Company (CCCC), que queda excluida de la competencia por su naturaleza estatal.
