Jardinero y niñera cobraban
Según informó Nuevo Diario, la exministra de Familia y Desarrollo Social de Chubut, Cecilia Torres Otarola, fue condenada en el marco de la causa conocida como “Noquis calientes”. La investigación se centró en las contrataciones realizadas durante la gestión del exgobernador Mariano Arcioni, donde se descubrió la incorporación de personal que cobraba sueldos sin prestar servicios al Estado provincial.
Torres Otarola, una figura mediática de la política local, fue acusada de mantener un equipo de empleados “ñoquis” a su cargo, entre ellos, un jardinero y una niñera. Esta última figuraba como empleada de la Legislatura, pero trabajaba en el hogar de la entonces ministra.
La ex funcionaria fue apartada de su cargo en el Ministerio de la Familia en julio de 2020, tras estallar la denuncia que derivó en el juicio desarrollado en las últimas semanas en Rawson. La causa, que tuvo como escenario la Oficina Judicial de la ciudad, implicó a siete imputados investigados por presuntos delitos de fraude al Estado en Chubut.
Entre los acusados, Torres Otarola fue la figura central. Además de ser exministra de Familia, también fue titular del área de Desarrollo Social y diputada provincial. La fiscalía la señaló como líder de un entramado que causó un grave perjuicio a las finanzas públicas.
El fiscal Omar Rodríguez, de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP), estuvo al frente de la investigación que logró demostrar las contrataciones irregulares. Según la fiscalía, Torres Otarola habría obligado a sus empleados a devolver parte de sus sueldos. Ella misma los había ingresado como asesores en la Legislatura provincial. También designó en cargos de alto rango a personas cercanas que no vivían en la provincia ni cumplían tareas para el Estado.
Torres Otarola fue acusada de fraude a la administración pública por ocho hechos, tres de ellos por el delito de concusión y cinco por fraude, en concurso ideal con el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre los acusados también se encontró a Silvana Adriana Cañumil, quien figuraba como empleada de la Legislatura, pero en la práctica realizaba tareas domésticas y cuidaba a los hijos de la exministra.
Otros imputados incluyeron a Jaquelina Rodera, exsubsecretaria de Familia, acusada de fraude a la administración pública como partícipe primario en tres hechos. La exfuncionaria fue absuelta al no comprobarse su participación en los hechos. También fue absuelto Branco Rodera Neira, que había sido acusado de un hecho como partícipe primario.
Entre los condenados se encuentran Silvia Cañumil, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles.
El juicio, cuya sentencia definitiva se conocerá el próximo lunes, se llevó a cabo en el marco de un censo a empleados públicos impulsado por la gestión del actual gobernador Ignacio Torres. Este censo tiene como objetivo sancionar a empleados que incumplan funciones y optimizar el uso de los recursos del Estado mediante el Plan Integral de Reordenamiento del Estado. La iniciativa ya eliminó 168 cargos políticos considerados ineficientes y dispuso la cesantía de trabajadores que no cumplían con sus funciones.
La causa “Ñoquis calientes” es un ejemplo de las irregularidades heredadas de la gestión anterior. Torres Otarola, de 44 años y oriunda de Trevelin, comenzó su carrera como terapista ocupacional en un hospital rural de la cordillera antes de militar en el espacio liderado por Mario Das Neves. En 2015, su cambio de lealtades durante la campaña provincial entre Das Neves y Martín Buzzi generó controversia. Pese a las sospechas, logró una banca como diputada provincial por el buzzismo, aunque poco después creó su propio bloque, “Juntos para Chubut”.
El tribunal, integrado por los jueces Marcela Pérez Bogado, José Luis Ennis y Carlos Richeri, declaró culpable a Torres Otarola en siete de los ocho hechos imputados. Los delitos incluyeron la promoción de nombramientos irregulares y la exacción de parte de los salarios de sus asesores para conformar una caja política.
La fiscalía calificó a Torres Otarola como “pieza central de la actividad delictiva investigada”. Según las calificaciones legales, la escala penal parte desde los dos años de prisión más inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, aunque la fiscalía anticipó que solicitará una pena no inferior a los cuatro años de prisión efectiva.