PRO y UCR. En un intento por retomar el diálogo y avanzar en la discusión del proyecto de ley de presupuesto 2025, el PRO y la UCR se reunirán este martes, desde las 15.00, con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Las conversaciones se centrarán en establecer una hoja de ruta para las sesiones extraordinarias en el Congreso.
Solo participarán los presidentes de los bloques del PRO y la UCR, Cristian Ritondo y Rodrigo de Loredo respectivamente. Ambos espacios aclararon que no condicionarán el tratamiento de los temas incluidos en el temario de las sesiones extraordinarias a la inclusión del presupuesto.
Por su parte, desde el Ejecutivo, el ministro coordinador remarcará la importancia de un presupuesto equilibrado como pilar fundamental para sostener el objetivo de déficit cero.
El bloque que lidera Miguel Pichetto (Encuentro Federal) estará ausente en el encuentro. El exsenador nacional se reunió la última semana con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. A ese conclave se sumaron Oscar Agost Carreño y Emilio Monzó. “Si vamos a hablar de temas del Congreso, la lógica es que nos reunamos aquí”, le remarcó Pichetto a Menem. El riojano quedó en contestarles, pero esa respuesta hasta el momento no se cristalizó.
Los diputados del bloque de Encuentro Federal, según información de TN, no se oponen a reunirse con el jefe de Gabinete, pero sostienen que el ámbito natural de discusión es el Parlamento.
La bancada que encabeza Pichetto se debe aún una reunión interna para sellar una postura. En su seno conviven sectores que acompañan el proyecto de Ficha Limpia, como los cordobeses, y otros que están en contra, como es el caso de Pichetto. Y analizar, además, el resto de los proyectos.
Otro sector que no fue convocado a la Casa de Gobierno es el bloque del MID de Oscar Zago, que integran, además, Eduardo Falcone y María Cecilia Ibáñez. Los tres legisladores eran figuras habitúes en los encuentros de estrategia parlamentaria durante el año pasado.
La iniciativa que elaboró la administración de Javier Milei establece que “las personas condenadas en segunda instancia por delitos como fraude, cohecho, malversación, entre otros relacionados con la corrupción, no podrán ser candidatos en elecciones ni ocupar cargos públicos”.
