Proyecto decreto del impuesto. El bloque de la Coalición Cívica presentó este martes un proyecto de resolución para declarar “nulo de nulidad absoluta” el decreto 4/2025 por el cual el Gobierno dispuso la extensión del impuesto del 7% sobre los pasajes al exterior por vía aérea, fluvial, marítima o terrestre, salvo a países limítrofes.
Según Política Argentina, “El DNU 4/2025 no solo no supera el más mínimo análisis de constitucionalidad, sino que la conveniencia de prorrogar el impuesto también es cuestionable», enfatizaron los diputados de la bancada que comanda Juan Manuel López.
En este sentido, agregaron que «la forma en que se fiscaliza el cumplimiento del pago de este impuesto por parte de los sujetos obligados ha sido objeto de importantes críticas debido a los altos costos que implica”.
En efecto, la prórroga del tributo -que va a contramano del compromiso del presidente Javier Milei de reducir impuestos durante su gestión- desató una ola de cuestionamientos no solo de parte de los empresarios del sector, sino también de distintos espacios opositores: apuntaron que el 60% de la recaudación se destina a financiar el Fondo Nacional de Turismo, una caja que controla por fuera del presupuesto el ministro del área Daniel Scioli.
“La ‘cajota de Scioli es nula de nulidad absoluta -planteó el diputado Maximiliano Ferraro (CC)-. Este decreto viola flagrantemente la Constitución: su artículo 99, inciso 3 es claro al prohibir al Poder Ejecutivo, bajo pena de nulidad absoluta, dictar decretos en materia tributaria”.
El decreto en cuestión corre riesgos de ser rechazado por el Congreso: distintas voces de la oposición, incluso del macrismo, ya anticiparon sus reparos. Por caso, los dos referentes más importantes del bloque de diputados de Pro de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas, criticaron que se aumenten impuestos para financiar campañas turísticas y señalaron que lo correcto sería reducir la complejidad fiscal.
Lo cierto es que mientras el Congreso se mantenga en receso, difícilmente la oposición pueda avanzar en la discusión del decreto. En teoría podría hacerlo, ya que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo -que debe expedirse sobre la validez o invalidez de los DNU- es permanente, es decir, está habilitada a funcionar aún en receso de las cámaras.
Sin embargo, el oficialismo -que preside la comisión-, con el guiño de sus aliados de Pro y de la UCR, mantiene paralizado este cuerpo desde hace meses. Allí ya se acumulan decenas de decretos de la actual gestión todavía sin auditar.
Aunque la ley 26.122 -que regula el tratamiento legislativo de los DNU- ofrece una salida: si al cabo de 20 días hábiles -que incluye el plazo que tiene el Gobierno para enviar el decreto al Congreso y el que tiene la Comisión Bicameral para expedirse- los legisladores no emiten dictamen, las cámaras podrán tratar el decreto de oficio y, eventualmente, aprobarlo o rechazarlo con mayoría simple.
