En el marco de la causa por la estatización de YPF que enfrenta la Argentina en Estados Unidos, el gobierno de Javier Milei realizó una nueva prestación ante la jueza Loretta Preska, de Nueva York, con el objetivo de revocar un fallo condenatorio de USD 16.000 millones por la expropiación de empresa, completada en mayo del 2014.
«El Gobierno argentino, bajo la presidencia de Milei, toma muy en serio todas las acusaciones de corrupción y está comprometido a investigar a fondo cualquier denuncia creíble», señala parte del texto oficial, difundido en sus redes sociales por el especialista en el caso Sebastián Maril.
En el mismo, agregan los representantes de la Casa Rosada: «Debido a su firme compromiso en la lucha contra la corrupción, la República apoyaría y cooperaría plenamente con cualquier investigación que el Gobierno de los Estados Unidos pudiera llevar a cabo sobre los asuntos planteados por RA4ARG, sin perjuicio de sus argumentos de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las demandas de los demandantes en este caso».
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La administración libertaria – a través de la Procuración del Tesoro- expresó su voluntad de que «se esclarezcan de una vez por todas los hechos que rodearon la adquisición de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi», según trascendió de fuentes oficiales.
Maril indicó, por su parte, que Preska podría dictar una resolución al respecto antes de este viernes.
Con todo, expertos en derecho internacional y este tipo de litigios consideran que es muy poco probable que se revierta el fallo. Por caso, Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, aseguró que «una vez cerrado un caso, no se puede reabrir».
«Este hecho es conocido y ya fue traído a conocimiento del tribunal. Ya fue parte de la causa», puntualizó y agregó: «No hay más nada para hacer en el caso. Es casi imposible que se revierta el fallo, porque es en una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada, que no admite ningún recurso».
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La nueva instancia judicial se abrió tras una presentación ante Preska de la ONG Republican Action for Argentina (RAFA), que pidió que se esclarezcan los hechos que derivaron en la estatización de la compañía, señala El Canciller.
Ante ello, la estrategia de la defensa argentina quedó a cargo de Juan Ignacio Stampalija, nuevo subprocurador del Tesoro, que reemplazó a Andrés De La Cruz, a quien se le aceptó la renuncia el viernes pasado. También participará .
Este miércoles se publicó un texto en Boletín Oficial en el cual se acepta «la excusación» para intervenir en el caso del nuevo Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla -quien sucedió a Rodolfo Barra, cesanteado por el Gobierno un mes atrás-, ya que en su paso por el sector privado, el joven funcionario fue parte del estudio jurídico de Alberto Bianchi, uno de los especialistas presentados por los demandantes en el juicio de YPF.
