La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este viernes impedir al presidente Donald Trump reanudar las deportaciones de un grupo de inmigrantes en el norte de Texas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
La decisión representa un revés para la administración del mandatario y da la razón a un grupo de venezolanos que enfrentaban la expulsión bajo una legislación con raíces en tiempos de guerra (Ley de Enemigos Extranjeros 1798).
El fallo devuelve el caso a un tribunal de apelaciones, que ahora deberá analizar cuestiones fundamentales del proceso, entre ellas la legalidad de la medida y los plazos de notificación a los migrantes afectados. Esto deja abierta la posibilidad de que la discusión legal continúe en distintas instancias judiciales.
La decisión representa un obstáculo para Trump, quien busca utilizar la normativa histórica de Ley de Enemigos Extranjeros 1798 para acelerar deportaciones sin los procedimientos habituales de revisión. Sin embargo, aunque la resolución de la Corte Suprema marca un límite temporal, el enfrentamiento legal sobre el tema sigue activo en múltiples tribunales federales.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes celebraron el fallo, considerándolo una victoria para la protección de las comunidades vulnerables. La medida podría sentar un precedente sobre el uso de leyes antiguas en la política migratoria moderna y generar un debate más amplio sobre la constitucionalidad de ciertos enfoques restrictivos.
