El fenómeno de las personas sin hogar en Estados Unidos no deja de aumentar, pese a ser la economía más grande del mundo.
Las recientes medidas del gobierno de Donald Trump para enfrentar esta crisis generan debate, mientras las cifras de personas sin hogar alcanzan niveles récord y los motivos estructurales se hacen cada vez más evidentes.
Según la información extraída del medio BBC, en 2024 se registraron más de 770.000 personas en situación de calle en EE.UU., la cifra más alta desde que se realizan los conteos oficiales. Este crecimiento constante plantea interrogantes sobre las causas y los desafíos para hallar soluciones efectivas.
El aumento récord de personas sin hogar en EE.UU.
Desde 2007, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) realiza un conteo anual nocturno de personas sin acceso a vivienda estable. En enero de 2024, la cifra alcanzó las 771.480 personas, un incremento del 18% respecto a 2023.
El informe indica que el aumento afecta a todas las categorías poblacionales, con un crecimiento especialmente pronunciado, del 40%, entre las familias con hijos, casi 150.000 menores. En contraste, el número de veteranos sin hogar descendió un 8%, llegando a 32.882 en 2024.
Entre las causas principales se señalan la crisis nacional de vivienda asequible, el fin de las ayudas pandémicas, y la presión demográfica por la llegada de migrantes, en particular a comunidades con alta recepción de solicitantes de asilo.
Las políticas de Trump y la respuesta oficial
El presidente Donald Trump ha impulsado medidas contundentes para «liberar» las ciudades de las personas sin hogar, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C., y un aumento de patrullas policiales.
En su plataforma TruthSocial, Trump afirmó: «Las personas sin hogar tienen que marcharse de inmediato» y aseguró que quienes cometan delitos serán encarcelados. Sin embargo, estas políticas fueron calificadas por autoridades locales y organizaciones de «simplistas» y «contraproducentes».
La orden ejecutiva del 24 de julio enfatiza la lucha contra la «vagancia endémica» y los «comportamientos desordenados», proponiendo internamientos civiles y priorizando subvenciones para estados que apliquen prohibiciones estrictas sobre consumo de drogas y acampe en espacios públicos.
Factores estructurales detrás de la crisis
Expertos subrayan que la problemática es compleja y multifactorial. La National Alliance to End Homelessness apunta a la escasez de vivienda asequible, la creciente brecha entre ingresos y alquileres, el acceso limitado a salud y servicios sociales, y la discriminación sistémica.
Según datos de la National Low Income Housing Coalition, el trabajador promedio que gana el salario mínimo debe trabajar 104 horas semanales para costear un apartamento básico, evidenciando la inaccesibilidad del mercado.
Margot Kushel, directora del Benioff Homelessness and Housing Initiative, destaca que la crisis también refleja la falta de servicios médicos y sociales adecuados, agravando la situación financiera y de salud de las personas afectadas.
El debate sobre la criminalización y los derechos humanos
La orden presidencial ha generado críticas por criminalizar a las personas sin hogar, especialmente a quienes sufren problemas de salud mental o adicciones. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) advierte sobre riesgos de vigilancia masiva y mayor estigmatización.
Kushel concluye: «Criminalizar a la gente por no tener un techo o por sufrir problemas de salud mental o de abuso de sustancias no aporta a crear una comunidad más segura, sino que hace que todos estén menos seguros».
