La provincia de Chubut atraviesa una de las emergencias ambientales y humanitarias más graves de su historia reciente.
El gobernador Ignacio Torres calificó este sábado la situación en Puerto Patriada como «caótica», con incendios que han generado llamas de más de 30 metros de altura. A este cuadro de devastación se suma un escenario climático extremo, que las autoridades han descrito como «la peor sequía desde 1965», lo que ha agravado la propagación descontrolada del fuego. Mientras más de 500 brigadistas trabajan sin descanso, el número de evacuados supera ya los 3.000 en distintos puntos de la región, y el fuego ya ha consumido miles de hectáreas de bosque nativo. Según Rio Negro.
En medio de la emergencia, ha llegado un alivio operativo clave: se logró habilitar el tránsito en la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo, aunque Vialidad Nacional solicita extrema precaución debido al humo persistente que reduce la visibilidad. En paralelo, el Ministerio de Capital Humano de la Nación anunció el envío de asistencia directa para las familias damnificadas, despachando cuatro camiones con artículos esenciales como heladeras, estufas, colchones y ropa, en una acción coordinada con la provincia para aliviar la situación crítica.
Un frente de combate extenso y condiciones climáticas históricas
El operativo para combatir las llamas es monumental. Más de 500 brigadistas provenientes de distintas provincias, incluyendo Río Negro, Neuquén y Córdoba, se encuentran desplegados en la zona. El fuego principal, que afecta Puerto Patriada, ha sido particularmente feroz, llegando a superar la barrera de la Ruta 40. Las condiciones son extraordinariamente adversas: además de la sequía histórica, los brigadistas enfrentan temperaturas extremas y vientos intensos que favorecen la rápida propagación, un cóctel que dificulta enormemente el trabajo de contención.
El gobernador Torres no dudó en dirigir una crítica directa a la gestión nacional de los fondos de emergencia. «Subejecutar una partida no es ahorro fiscal, es ser un mal funcionario», declaró el mandatario, exigiendo celeridad y todos los recursos disponibles para enfrentar la catástrofe. En el plano legal, Torres también pidió elevar las penas por ecocidio, sosteniendo que quienes provocan este tipo de desastres deben enfrentar condenas mucho más severas y no salir en libertad en pocos meses.
Origen del fuego: entre la intencionalidad y los fenómenos naturales
La investigación sobre el origen de los incendios nos da una respuesta compleja, con dos caras claras. Por un lado, el ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, ya había afirmado que en algunos focos existía una «intención criminal». Pero el gobernador Ignacio Torres aclaró algo fundamental: el incendio más grave, el que azota Puerto Patriada, tuvo un origen puramente natural.
Torres explicó cómo empezó todo. Una tormenta eléctrica, más específicamente un rayo, fue el causante. Con esta declaración, el gobernador descartó de plano la hipótesis de que aquel fuego se debiera a especulación inmobiliaria o simple negligencia.
Sin embargo, la trama se complica. El propio gobernador sostuvo que otros incendios en la provincia sí fueron provocados a propósito. Apuntó directamente a lo que él describió como «grupos marginales y violentos».
En estos últimos casos, la fiscalía ya confirmó un hallazgo clave: el uso de materiales acelerantes. Este descubrimiento consolida la teoría del delito ambiental premeditado.
Frente a este panorama, Torres fue más allá. En línea con su pedido de sanciones más duras, instó a los legisladores nacionales por Chubut a que apoyen la incorporación de una nueva figura penal en la reforma del Código Penal: el «ecocidio».
La tragedia en Chubut ya está dejando una huella imborrable tanto en el paisaje como en sus comunidades. Mientras los brigadistas arriesgan sus vidas –un dato dramático lo confirma: uno de ellos sufrió quemaduras en el 54% de su cuerpo y fue derivado de urgencia–, las autoridades enfrentan un desafío doble. Por un lado, deben controlar un desastre natural que el cambio climático ha exacerbado. Por el otro, tienen la obligación de perseguir a quienes atentan deliberadamente contra el patrimonio ambiental de todos.
La asistencia humanitaria para los damnificados es, sin duda, urgente. Pero la verdadera reconstrucción, la de los ecosistemas arrasados, demandará décadas, incluso siglos. Esta catástrofe está marcando a fuego no solo a la generación actual, sino también a las que vendrán.