El ministro Luis Caputo pondrá en marcha un esquema de mayores tasas de interés y liquidación de dólares vía prefinanciación de exportaciones. Evalúan dificultades para sostener el superávit.
En un contexto de crecientes tensiones políticas, la pelea por el dólar y las tasas sobrevive.
El presidente Javier Milei recurrió a una cadena nacional el viernes por la noche para responder a las derrotas sufridas en el Congreso, donde el oficialismo perdió votaciones clave por amplios márgenes. Detrás de la andanada habitual de elucubraciones y teorías del complot fiscal, existe en el equipo económico la sensación de que el plan se desliza por el precipicio.
El plan de Luis Caputo suma riesgos
De acuerdo con AMBITO. La secuencia del salto cambiario, la suba de tasas y encajes, las derrotas en el Congreso, y el mega-vencimiento de deuda de esta semana, ha dejado sin herramientas a la Casa Rosada para saldar un superávit financiero en los próximos meses.
A la violenta suba de tasas que dejó la última semana y que busca adormecer el tipo de cambio, el Banco Central dispuso un nuevo mecanismo. Se trata de la Comunicación A 8296, que desde este fin de semana permite a los exportadores acumular fondos en moneda extranjera en el exterior. El objetivo no es otro que el de sumar dólares para garantizar determinadas líneas de prefinanciaciones de exportaciones.
En los hechos, se flexibilizarían las condiciones para tomar créditos por parte de los exportadores. Así, el Gobierno busca incentivar el mayor ingreso y la liquidación de divisas del agro, en un semestre que no tendrá grandes aportes del sector.
Según comentaban anoche en el Palacio de Hacienda, por ejemplo, en los préstamos a 36 meses en promedio, se habilita hasta un 125% de los servicios a abonar en el mes corriente y en los siguientes 6 meses calendario puedan ser mantenidos en cuentas del exterior. Esto es así porque se utilizarían esos fondos como garantía del siguiente vencimiento de capital e intereses. De esa forma, el exportador podría acceder a líneas de más largo plazo y eventualmente acceder también a mayores montos.
Los vencimientos que vienen, tasas y las dudas que emergen
Para que se entienda, el ministro Luis Caputo piensa que, de persistir este escenario, se profundizará la desaceleración del nivel de actividad, pero también habrá más complicaciones para el cumplimiento de los créditos. Sin embargo, el verdadero peligro que no confiesa el Gobierno -la razón de la cadena del viernes- es que se avecina un incremento del «stock» de deuda pública doméstica de tales dimensiones que ni siquiera con todo el ajuste y maquillaje del mundo podrá hablarse de «superávit».
El dato es que, de aquí a enero de 2026 los vencimientos a refinanciar equivalen a 12,3% del PBI, con una concentración de 8,7% del PIB entre agosto y septiembre. De ahí que los asesores del Gobierno entienden que, para encauzar el desborde de las tasas de interés, es clave que las negociaciones políticas introduzcan racionalidad en las leyes que se tramitan en el Congreso. A ello habrá que sumarle que en el Gobierno no saben qué grado de credibilidad puede despertar el esquema de bandas cambiarias.
El Ministerio de Economía afrontará esta semana un vencimiento de deuda en pesos de algo menos de $15 billones. La mira está puesta en cuál será la tasa que está dispuesto el Gobierno con tal de renovar esas letras.
Las razones de Luis Caputo y el subibaja de las tasas de interés
La decisión de Caputo de incrementar las tasas de interés responde a dos objetivos principales: controlar la expansión monetaria desproporcionada y garantizar la renovación de una deuda crítica. Como se señaló previamente, la base monetaria creció 35% en los primeros siete meses del año, superando ampliamente la inflación del 17%, según el informe de Quantum Finanzas, debido a transferencias del BCRA al Tesoro y el desarme de instrumentos financieros.
Esta liquidez excesiva presiona el tipo de cambio y los precios, justificando tasas más altas para esterilizar el mercado. Además, la necesidad de refinanciar vencimientos por $23 billones (unos u$s17.500 millones) en agosto, en un contexto de encajes bancarios elevados (del 20% al 40%) y tasas cortas en ascenso (caución a un día al 39,1% TNA, REPO al 65%), obliga a Caputo a priorizar la atracción de inversores, aunque esto encarezca el crédito productivo y enfríe la actividad económica.
Si bien el Gobierno parece dispuesto a mantener o incluso elevar aún más las tasas de interés en el corto plazo, perpetuando la inducción a una recesión para contener presiones inflacionarias y cambiarias, el equipo económico apuesta a una estrategia paralela de contención política.
La idea central es domesticar al Congreso mediante acuerdos políticos que blinden cualquier iniciativa que implique mayor gasto público o que amenace el supuesto superávit fiscal, lo cual permitiría reducir la percepción de riesgo país y, consecuentemente, reposicionar las tasas en niveles más bajos a mediano plazo. Esta visión se alinea con la necesidad de restaurar credibilidad en el régimen de bandas cambiarias y en las negociaciones legislativas, evitando leyes expansivas que desequilibren las cuentas públicas. No obstante, las turbulencias recientes han dejado tasas significativamente elevadas en comparación con meses previos, con rendimientos reales para bonos del Tesoro superando el 20% anual sobre la inflación proyectada, y costos financieros para empresas y particulares que rozan o exceden el 50-70% anual, agravados por cargas impositivas adicionales.
La pelea en el Congreso y la pulseada paralela en el mercado
El Gobierno busca capitalizar estas derrotas para reforzar su narrativa de ajuste fiscal, presentando el superávit como la «joya de la corona» de su programa económico, aunque analistas especulan que Milei también dirige su mensaje al «mercado», ante la falta de credibilidad en las cifras fiscales —calificadas como «un dibujo» por opositores— y un elevado riesgo país.
Esta estrategia refleja la urgencia de sostener el pilar fiscal debilitado, en un momento donde las elecciones legislativas de octubre podrían alterar el equilibrio de poder en el Congreso.
La apuesta de Milei por un «veto a todo o nada» contra proyectos opositores —como el aumento en la fórmula de movilidad jubilatoria, la extensión del moratoria previsional, la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario— implica, según el Gobierno, riesgos significativos, ya que el costo fiscal estimado se infla hasta el 2,5% del PBI, superando el superávit proyectado del 1,6% prometido al FMI. Si los vetos no se sostienen —posibilidad real dada las mayorías cercanas a los dos tercios en el Congreso—, el superávit primario, piensan en la Casa Rosada, podría evaporarse, dejando solo «la mentira».
Esta dinámica política obliga al Gobierno a negociar con gobernadores provinciales, utilizando fondos discrecionales como el ex-Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, ahora bajo control de Luis Caputo, para asegurar alianzas. Sin embargo, el desgaste en la imagen de Milei —con negativos superando positivos en encuestas— y proyecciones electorales que anticipan un Congreso más fragmentado, podrían complicar la implementación del ajuste, exacerbando la necesidad de medidas monetarias contractivas para compensar la fragilidad fiscal.
El plan económico del gobierno de Javier Milei, ejecutado bajo la dirección de Luis Caputo, se ha consolidado como un experimento de ajuste fiscal y monetario extremo. La estrategia de elevar las tasas de interés, diseñada para absorber el exceso de liquidez y facilitar la refinanciación de una deuda masiva, se combina con un recorte drástico del gasto público, generando una contracción económica que afecta a la industria, el comercio minorista, sectores estratégicos como Vaca Muerta y, de manera alarmante, a las familias argentinas.
Nuevos datos de la Universidad Católica Argentina (UCA) revelan un “estrés económico” generalizado, con el 64% de los hogares enfrentando dificultades financieras severas, lo que pone en evidencia los costos sociales de este modelo y su impacto regresivo en un país con fragilidades estructurales.
La inducción de una recesión: elementos clave y evidencia ampliada
El plan económico de Milei y Caputo se sustenta en una recesión controlada como herramienta para disciplinar la inflación, pero los costos reales son cada vez más severos. Los elementos ya identificados incluyen una inflación persistente (2% en alimentos en los primeros días de agosto), un colapso histórico del gasto en obra pública (-91,4% interanual en julio) y un aumento exponencial en el pago de intereses de la deuda (+353% interanual). A esto se suma el impacto del ajuste monetario en la industria, con el 70% de las empresas reportando producción estancada o en baja, y en el comercio minorista, con ventas pyme cayendo un 5,7% interanual en julio, acumulando un retroceso del 23,2% en el año. Incluso Vaca Muerta, un pilar estratégico, enfrenta restricciones crediticias y una caída en la actividad, con equipos perforadores reducidos de 36 a 29 proyectados para septiembre de 2025.
La evidencia más reciente, proporcionada por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, agrega una dimensión crítica: el ajuste económico está generando un “estrés económico” sin precedentes en las familias argentinas. Según el estudio, el 64% de los hogares enfrenta dificultades para cubrir gastos básicos, un aumento significativo respecto al 56% registrado en el primer trimestre de 2024. Este deterioro se debe a la combinación de inflación, pérdida de poder adquisitivo y recortes en programas sociales, con el 60% de los encuestados reportando problemas para pagar servicios esenciales como luz, gas y agua, y un 45% reduciendo gastos en alimentos esenciales.
Los sectores más vulnerables, particularmente en el Gran Buenos Aires, enfrentan una precariedad agravada, con el 30% de los hogares dependiendo de ingresos informales o asistencia estatal, ambas fuentes mermadas por el ajuste. Este “estrés económico” es un reflejo directo de la recesión inducida. Las tasas de interés elevadas encarecen el crédito, limitando el consumo y la inversión, mientras que el recorte del gasto público, particularmente en obra pública y programas sociales, reduce el empleo y la demanda interna.
La caída en las ventas minoristas pyme, que afecta a todos los rubros (desde alimentos hasta electrodomésticos), y el aumento de costos de insumos (5-8% tras la devaluación) refuerzan un círculo vicioso donde las empresas enfrentan márgenes reducidos o cierres, y las familias ven mermada su capacidad de consumo. En este contexto, la estrategia de Caputo no solo enfría la economía, sino que la empuja hacia una contracción estructural que amenaza la cohesión social.