En caso de confirmarse la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska, que ordena la transferencia de acciones de la empresa, el Gobierno ya adelantó que cumplir con esa medida sería imposible.
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, expresó en diálogo con medios radiales que, aunque no conocen el contenido exacto del fallo, la orden de entregar las acciones “es una decisión incumplible”, según información del medio Radio Mitre. Recordó, además, que la ley argentina que regula la expropiación de YPF establece que cualquier venta de acciones del Estado debe contar con la aprobación del Congreso, con una mayoría especial.
Opciones que maneja la Corte de Apelaciones de Nueva York
En junio, la jueza Preska impuso a Argentina una condena que obliga a pagar 16 mil millones de dólares, monto que con intereses ascendió a 18 mil millones, por la expropiación de YPF. La Cámara de Apelaciones ahora puede optar por:
- Confirmar la orden de entrega de acciones y no suspenderla.
- Suspender la orden (cautelar) como solicitó el Gobierno.
- Autorizar un pago con activos distintos a las acciones, ante la imposibilidad del traspaso.
Estas alternativas definirán el rumbo del conflicto judicial y las posibilidades de Argentina para evitar mayores sanciones.
Impactos y riesgos para Argentina ante un fallo negativo
Si la Corte no concede la suspensión del traspaso, el país enfrentaría dos caminos: negociar un acuerdo con los acreedores o arriesgarse a desacato judicial. En este último caso, podría enfrentar un embargo sobre las reservas del Banco Central, una medida que complicaría aún más la situación económica.
Guillermo Francos destacó que la ley nacional protege la soberanía sobre YPF, lo que dificulta cumplir con la orden extranjera: “La transferencia de las acciones no puede ser simplemente ejecutada sin respaldo legislativo, es un tema de soberanía y legalidad interna”.