El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a marcarle la cancha al Gobierno argentino. En su último informe, advirtió que las leyes recientemente vetadas por el presidente Javier Milei —impulsadas y aprobadas por el Congreso— generarían un incremento del gasto público del 1,5% del PBI.
En medio de un delicado equilibrio fiscal, el Gobierno busca respaldos entre gobernadores, evalúa alternativas legales y propone medidas parciales para contener el impacto político.
Un freno a las metas fiscales: la advertencia del FMI
Según el staff report del FMI, elaborado en el marco de la primera revisión del acuerdo con Argentina, las leyes en cuestión incluyen el aumento del 7,2% en jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Todas fueron consideradas “iniciativas costosas” que responden a una lógica de “presión electoral”.
Para el organismo, estas medidas amenazan la meta de superávit primario del 1,6% del PBI trazada por el Gobierno para este año. A pesar de esta advertencia, el FMI autorizó un desembolso de 2.000 millones de dólares, aunque subrayó que la resolución de este conflicto legislativo podría extenderse más allá de octubre.
El Gobierno busca blindar los vetos y no descarta la vía judicial
Ante la posibilidad de que el Congreso avance en la anulación de los vetos presidenciales, el Ejecutivo activó contactos con gobernadores aliados para sumar respaldo y evitar una derrota política. En paralelo, se analiza la judicialización del conflicto si la situación escala.
Desde la Casa Rosada sostienen que las decisiones tomadas responden a la necesidad de mantener un programa económico sustentable. “No podemos ceder al impulso populista que genera gasto sin financiamiento”, señalan fuentes oficiales.
Una concesión parcial: aumento limitado en discapacidad
Como gesto político y buscando evitar una mayor confrontación, el Gobierno propuso un aumento acotado en las asignaciones por discapacidad. Se trata de una medida de bajo impacto fiscal pero alto valor simbólico, que intenta contener críticas y ganar adhesiones en sectores sensibles.
El oficialismo insiste en que no se trata de recortes, sino de ordenar un sistema que se había tornado “inviable” y que requería un rediseño urgente. La estrategia apunta a sostener el ajuste sin perder legitimidad social.
Cierre: entre la presión internacional y las tensiones internas
La advertencia del FMI llega en un momento en que Milei necesita demostrar que puede sostener su plan de estabilización sin romper puentes con el Congreso ni con los votantes. El conflicto por las leyes vetadas se transformó en una prueba política clave para la gestión libertaria, que debe balancear el rigor fiscal con la sensibilidad social.
Si el Congreso logra revertir los vetos, no solo se afectará el sendero del gasto público, sino también la credibilidad del Gobierno frente a los organismos internacionales. Por ahora, la pulseada está abierta. Información extraída del medio Canal26.
