El Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn presentó una impugnación extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia, buscando revertir la absolución de dos acusados por contaminación ambiental.
La jueza Patricia Reyes había absuelto a Nadine Parry y Josep Vargas, investigados por presuntamente implementar un sistema clandestino de vuelco de efluentes industriales sin tratamiento al mar.
Según La17, el Ministerio Público Fiscal sostiene que la sentencia contiene errores de derecho, una motivación insuficiente y contradicciones que la vuelven arbitraria.
Pruebas de contaminación alarmante
La investigación determinó que, al menos en dos jornadas de febrero de 2023, se volcaron líquidos provenientes del lavado de materia prima directamente al Golfo Nuevo.
Los análisis técnicos confirmaron valores 30 veces superiores a lo permitido: mientras la norma establece un máximo de 50 mg por litro de materia orgánica, las muestras arrojaron más de 1.500 mg.
Argumentos de la Fiscalía
El fiscal jefe Alex Williams y la fiscal general María Florencia Bianchi remarcaron que el hecho atribuido se mantuvo inalterado desde el inicio del proceso: el vertido de efluentes crudos al mar.
En su presentación señalaron: “La única conclusión válida es que existía un sistema de vuelco clandestino de líquidos sin tratar al mar”.
Además, cuestionaron la falta de fundamentación sólida en la sentencia, que, según explicaron, se apoyó en argumentos formales y apreciaciones subjetivas impropias de un fallo judicial.
El trasfondo ambiental y de derechos humanos
La Fiscalía destacó que los delitos ambientales afectan derechos esenciales como la salud y la vida. Respaldaron su planteo en precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a garantizar la sanción efectiva de quienes dañen el ambiente.
Próximos pasos
La solicitud presentada busca anular la sentencia absolutoria y ordenar un nuevo juicio oral. En paralelo, se realizó una reserva de caso federal para recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de que el Superior Tribunal no haga lugar al planteo.
La decisión que adopte la Justicia provincial será clave para fijar un precedente en materia de delitos ambientales y en la protección del derecho a un ambiente sano.
