Gabriela Mantecón Fumadó, ex titular del INAME, declaró ante la justicia que el laboratorio HLB Pharma no cumplía con las Buenas Prácticas de Fabricación, pero igual produjo el lote de fentanilo contaminado que causó muertes en La Plata.
En una declaración testimonial ante el juez federal Ernesto Kreplak, la abogada Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, entonces responsable del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), reconoció un hecho grave. Admitió que desde el 28 de noviembre de 2024, el Laboratorio Ramallo SA –elaborador exclusivo de HLB Pharma– “tenía conocimiento de que no pasaba las BPF (Buenas Prácticas de Fabricación), por lo que no podía continuar elaborando productos”. Sin embargo, omitió informar al magistrado que, a pesar de esta advertencia, la planta fabricó el lote 31202 de fentanilo el 18 de diciembre de 2024, el cual salió a la venta sin objeción alguna de los organismos de control a su cargo y estuvo contaminado con dos bacterias.
Las Graves «No Conformidades» que Ignoró el Control Estatal
Según la declaración de la exfuncionaria, los inspectores del INAME habían detectado múltiples fallas críticas en el laboratorio. Entre las «no conformidades» reportadas se encontraban una “mala práctica de control de esterilidad”, donde el procedimiento para examinar la ausencia de microorganismos era inadecuado; “exámenes de esterilidad deficientes”; documentación incompleta para subsanar las observaciones; y graves “faltantes en la trazabilidad” de ampollas de fentanilo, cuyo destino no pudo ser acreditado. La normativa vigente obliga a suspender toda producción hasta que se corrijan estas deficiencias, una orden que no fue cumplida.
Los Allanamientos que Buscan Responsabilidades en el Estado
La gravedad de los hechos llevó al juez Kreplak a ordenar siete allanamientos simultáneos el lunes pasado. Las procedimientos, como se informó, apuntaron a funcionarios y exfuncionarios de la ANMAT y el INAME, incluyendo a la administradora de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y a la propia Mantecón Fumadó. El objetivo fue secuestrar documentación y dispositivos electrónicos para investigar las “eventuales responsabilidades de la autoridad sanitaria”. El Ministerio Público Fiscal, en un contundente dictamen de 79 carillas, advierte sobre “la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado” a lo largo de los años, lo que colocó a la población “en una situación de riesgo inadmisible”.
La investigación judicial avanza para determinar si existió negligencia, connivencia o complicidad por parte de quienes tenían la obligación de garantizar la seguridad de los medicamentos que llegan a los pacientes. Información extraída del medio Infobae.