La fiscal jefe anticorrupción Julieta Gamarra brindó detalles fundamentales sobre la suspensión de la audiencia en la causa «Pollos de Papel», que investiga un presunto desvío de más de 70 millones de pesos en alimentos para programas sociales de Trelew.
La decisión de postergar el juicio buscó garantizar el debido proceso y evitar futuras impugnaciones.
Una pericia informática clave motivó la postergación
Gamarra explicó que el eje del reclamo de las defensas fue la falta de acceso a una pericia informática crucial que contenía información extraída de los teléfonos celulares de los funcionarios y comerciantes imputados. «La Fiscalía acompañó el pedido de la defensa con el objetivo de garantizar el debido proceso», afirmó la fiscal, destacando que las imputaciones se basan fundamentalmente en esas comunicaciones. Avanzar sin este elemento podía poner en riesgo toda la investigación.
El presunto circuito fraudulento de los alimentos
La fiscal Julieta Gamarra detalló el operativo fraudulento con precisión. Funcionarios públicos primerosolicitaban grandes partidas de pollo y carne, amparándose en un programa de asistencia social. Sin embargo, el proceso encubría un mecanismo ilegal: las licitaciones se realizaban sobre mercadería ya entregada, lo que configuraba una simulación. Posteriormente, los acusados retiraban los productos de comercios locales sin control alguno, violando todos los protocolos de contratación.
Como consecuencia directa, esta maniobra generó una deuda millonaria que impactó de lleno en el patrimonio del municipio de Trelew. Finalmente, Gamarra subrayó que estos actos no solo defraudaron al Estado, sino que también privaron de alimentos a familias vulnerables.
Los alimentos nunca llegaron a los beneficiarios
Uno de los aspectos más graves que reveló Gamarra es que «los alimentos destinados a personas en estado de vulnerabilidad nunca llegaron a su destino». La fiscal subrayó que no existía un listado real de beneficiarios, lo que evidenciaba la naturaleza fraudulenta del plan que desvió fondos destinados a los más necesitados. La información completa fue proporcionada por el medio Radio3.
El juez otorgó un plazo de 15 a 25 días para que las defensas revisen la pericia y la documentación, buscando evitar futuras nulidades que podrían hacer caer toda la causa por un error procesal.
