La fiscal general de Puerto Madryn, Silvana Salazar, confirmó que solicitará la elevación a juicio de la causa que investiga los homicidios vinculados al narcomenudeo ocurridos hace siete años en la ciudad.
El anuncio marca un hito tras una compleja investigación que debió reconstruir su plexo probatorio tras los obstáculos generados por la intervención de la justicia federal.
La reconstrucción de la causa tras años de dilaciones
En declaraciones al programa El Quinto Poder por LA17, Salazar destacó el esfuerzo para recomponer las pruebas que habían quedado dispersas en distintos fueros. «Hoy ya estamos en condiciones de peticionar la elevación de la causa a juicio», afirmó la fiscal. La Corte Suprema había resuelto que los homicidios quedaran bajo la órbita de la justicia ordinaria, lo que obligó a reconstruir completamente el expediente desde cero.
Un caso declarado de «asuntos complejos»
Los tribunales clasificaron la causa como «asuntos complejos». Esta calificación especial abrió un camino fundamental para la investigación: permitió extender los plazos procesales de manera significativa. Así, los fiscales pudieron mantener activa la pesquisa durante mucho más tiempo del habitual, sin enfrentar los límites rígidos de una causa común.
La fiscal Salazar aportó más detalles sobre el desarrollo del proceso. Reveló que, tras tres años de prisión preventiva, varios de los acusados obtuvieron su libertad. Sin embargo, esta libertad no significó el fin de su situación judicial. Todos ellos continúan dentro del proceso, pero ahora bajo estrictas medidas sustitutivas que controlan sus movimientos y actividades.
La magistrada defendió con firmeza esta decisión judicial. Enfatizó que los jueces respetaron escrupulosamente todos los límites que marca la Constitución nacional. Subrayó, además, que esta modificación en las condiciones de los imputados no representó bajo ningún concepto un beneficio injusto o indebido para ellos. Se trató, en todo caso, de una adecuación del proceso a las garantías constitucionales que rigen para todos los ciudadanos.
Las dificultades en la investigación
El trabajo investigativo incluyó recuperar secuestros que se encontraban en Buenos Aires y realizar pericias sobre celulares incautados en la etapa inicial. «Se trabajó muchísimo desde el primer día, con equipos que no tenían horarios y con peritos comisionados para acceder a la información digital», recordó la fiscal. La superposición de competencias con la justicia federal generó importantes dilaciones en el proceso.
La situación de los imputados y testigos
Entre los acusados, uno de los jóvenes imputados se quitó la vida durante la investigación, mientras que otros siguen en libertad bajo control judicial. La causa involucra a seis personas en total. Uno de los testigos falleció, pero la fiscalía logró preservar su declaración mediante entrevistas con identidad reservada que podrán incorporarse por lectura en el debate, tal como habilita el código procesal.
Exclusión del juicio por jurado popular
Salazar confirmó que el juicio no será por jurado popular debido a que uno de los imputados era menor al momento de los hechos, lo que exceptúa la aplicación de la ley vigente. La fiscal consideró que hubiera sido importante la participación ciudadana, pero destacó que lo central es que la causa llegue finalmente a debate oral después de siete años de investigación.
La decisión de elevar a juicio esta causa representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para los homicidios vinculados al narcotráfico en Puerto Madryn. Tras años de obstáculos procesales y reconstrucción de pruebas, la sociedad madrynense podría finalmente conocer la verdad sobre estos crímenes que conmovieron a la comunidad. Información extraída del medio La17.
