El Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto 2026 un artículo que propone derogar las normas que garantizaban un piso mínimo de financiamiento para educación, ciencia, tecnología y defensa.
La medida busca liberar el gasto público de asignaciones automáticas para cumplir con la meta de déficit cero, pero ya genera fuertes críticas de especialistas y de la oposición.
El artículo 30 del proyecto elimina el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que obligaba a destinar al menos el 6% del PBI al financiamiento del sistema educativo.
También deroga disposiciones de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que establecían un sendero para llegar al 1% del PBI en 2032, y el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, que fijaba un 0,2% del PBI para escuelas técnicas.
En defensa, se elimina la asignación automática de recursos prevista en la Ley del Fondo Nacional de la Defensa, lo que deja la modernización de las Fuerzas Armadas sujeta a la disponibilidad presupuestaria anual.
Argumentos del oficialismo
Desde el Gobierno sostienen que la decisión apunta a ordenar las cuentas públicas y evitar gastos que no puedan sostenerse en el tiempo. Bajo esta lógica, el financiamiento de áreas estratégicas quedará sujeto a las prioridades que cada año fije el Presupuesto aprobado por el Congreso.
El oficialismo considera que la quita de los pisos de inversión es una condición necesaria para sostener el equilibrio fiscal y alcanzar el déficit cero.
Preocupación en educación y ciencia
Los sectores vinculados a la educación y la ciencia advierten que la eliminación de estas garantías compromete la planificación de largo plazo. Universidades y gremios docentes temen que se afecten salarios, infraestructura y apertura de carreras en un contexto de alta inflación.
En el ámbito científico, investigadores remarcan que la quita de metas de inversión desarma el consenso alcanzado para fortalecer el sistema hacia 2032, dejando los recursos sujetos a la discrecionalidad política.
En defensa, analistas cuestionan que sin financiamiento automático podrían retrasarse los programas de modernización de las Fuerzas Armadas.
Un debate caliente en el Congreso
La iniciativa llega en un momento de fuerte tensión política. La Cámara de Diputados se prepara para debatir también la insistencia en revertir el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y recomposición salarial docente.
La coincidencia de ambos temas promete encender el debate en el recinto, con la oposición decidida a defender los pisos de inversión y el oficialismo sosteniendo que la prioridad es el orden fiscal.
Según El Cronista, si se aprueba, el artículo 30 implicará un cambio estructural en el esquema de financiamiento de políticas públicas sensibles, colocando en primer plano la tensión entre ajuste fiscal e inversión estratégica.
El debate por el Presupuesto 2026 será clave para definir si la Argentina mantiene garantías mínimas en áreas estratégicas o si, en nombre del déficit cero, estas asignaciones quedarán libradas a las prioridades coyunturales de cada año.
