La industria pesquera de Chubut salió al cruce de un proyecto legislativo que plantea un aporte en especie de un kilo de langostino por cada cajón descargado. La medida busca conformar el fondo REPROCH, pero desde la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) la consideran un nuevo impuesto encubierto.
El sector atraviesa una coyuntura complicada, con precios internacionales en baja, caída de la demanda y altos costos operativos. “Crear un nuevo tributo en este contexto amenaza con comprometer el inicio de la temporada”, advirtieron.
La propuesta tampoco contempla la rentabilidad real de las empresas ni establece criterios claros de transparencia. Según CAPIP, “se trata de un esquema regresivo, que exige lo mismo en condiciones de pérdida o de ganancia.”
La estructura fiscal que soporta la actividad es pesada. La captura tributa 0,75% en Ingresos Brutos y el procesamiento 1,5%, mientras que los servicios conexos llegan al 4%. Además, el canon pesquero provincial representa cerca del 2% del valor desembarcado.
A esto se suman tasas municipales. En Puerto Madryn, la de Seguridad e Higiene equivale al 1,48% de la facturación mensual. Empresas que antes pagaban $2 millones pasaron a desembolsar cerca de $40 millones al año.
Los costos de servicios públicos también son un golpe al sector. El agua que reciben los buques en Madryn llega a u$s9,59 por metro cúbico, el valor más alto del país, frente a u$s2 en Mar del Plata y u$s5 en Comodoro.
Los puertos tampoco son ajenos a la carga. En Rawson, un barco de más de 15 metros paga más de $7.300 diarios por uso de muelle, sin contar servicios de agua, electricidad o gestión de residuos.
En materia ambiental y sanitaria, las empresas deben abonar habilitaciones, evaluaciones, controles y tasas del SENASA para exportar. Todo esto conforma un esquema de costos que CAPIP considera insostenible.
“El sector no soporta más cargas”, señalaron desde la Cámara. Según remarcaron, sumar un aporte en especie amenaza con quebrar la ecuación económica que sostiene miles de puestos de trabajo en la región.
La administración del fondo REPROCH también genera dudas. El proyecto plantea que quede en manos de la Secretaría de Pesca y los sindicatos, con un 15% directo para gremios, sin auditorías externas.
Para CAPIP, esta iniciativa contradice las políticas necesarias. “En lugar de reducir retenciones o aliviar ingresos brutos, se suma un costo en el peor momento de la actividad”, sostuvieron.
La entidad pidió volver al diálogo. “Reiteramos nuestro compromiso de aportar propuestas técnicas y responsables, pero rechazamos toda iniciativa que agrave la situación actual”, expresó la Cámara.
Desde el sector advierten que el impuesto por cajón no resolverá problemas de empleo ni ambientales. Por el contrario, podría desincentivar la producción formal y aumentar la crisis pesquera en Chubut.