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El debate en torno al impuesto a las Ganancias resurgió, generando preocupación en el sector petrolero argentino. Según informaciones brindadas por Marcelo Rucci, líder sindical, aproximadamente el 70% de los trabajadores petroleros podrían verse afectados por esta medida, en caso de ser reinstalada.

La posible reincorporación de este tributo, impulsada por la nueva versión de la Ley Bases, despertó la indignación de los gremios petroleros, quienes amenazan con tomar medidas de fuerza si el Congreso de la Nación avanza con su aprobación.

La eliminación del impuesto a las Ganancias fue una demanda histórica de los sindicatos, lograda el año pasado con el respaldo del presidente Javier Milei. Sin embargo, su retorno ahora plantea un escenario preocupante para los trabajadores del sector.

Marcelo Rucci expresó su descontento ante esta posible medida, calificándola como un retroceso y una confiscación al salario de los trabajadores. En declaraciones radiales, Rucci criticó la pasividad de la CGT y destacó la necesidad de que los dirigentes políticos tengan en cuenta el impacto que esta medida tendría en los trabajadores.

El líder del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa también mantuvo conversaciones con los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck respectivamente, buscando una estrategia conjunta para enfrentar esta situación.

La estabilidad cambiaria es uno de los logros a corto plazo que ostenta la gestión de Javier Milei. Pocos hubieran imaginado al inicio del gobierno que los dólares financieros permanecerían estables durante tantos meses y que la brecha cambiaria se ubicaría en no más del 20%. Sin embargo, la calma en el mercado del dólar está lejos de disipar múltiples interrogantes que comienzan a ser observados con inquietud por los mercados.

El Círculo Rojo empresarial sostiene públicamente las banderas en apoyo al gobierno, mientras soporta la recesión a la espera del cumplimiento de promesas de campaña, como el levantamiento del cepo al dólar y la eliminación del dólar País. Sin embargo, en privado crecen las críticas sobre la «gestión diaria», así como la falta de «señales» que indiquen haber alcanzado el fondo. Entre quienes dudan que la economía comience a recuperarse en el segundo semestre, estas preocupaciones aumentan.

El presidente de Pan American Energy, Alejandro Bulgheroni, fue quien esta semana expresó explícitamente su respaldo al gobierno. «Aquí siempre hubo obstáculos para que las cosas avancen. Ahora eso está cambiando. Se necesita una gran inversión y estamos esperando que nos den luz verde para invertir más», dijo ante una audiencia de empresarios durante el IEFA Latam Forum.

En este sentido, un alto directivo local de una multinacional estadounidense y empresarios pymes consultados para esta columna coinciden: «Con este dólar caro, el cepo y el impuesto País, son pocas las empresas que consideran la exportación como salida a la caída del mercado interno».

Cada vez más entidades empresariales ponen a trabajar a sus equipos técnicos para exponer los problemas de competitividad que enfrentan con la situación macroeconómica actual. Las suspensiones están comenzando a transformarse cada vez más en retiros voluntarios o despidos directos. «Hablamos todas las semanas con el gobierno de Pullaro, hacen gestiones frente a Nación desde el Ministerio de Producción, Puccini siempre nos atiende, pero no tenemos otra opción y ya sabe que vamos a reducir personal», comentó un industrial de un sector que ha recortado a la mitad sus proyecciones de producción y ventas para 2024 en solo tres meses.

El hecho de que los funcionarios de Economía y del Banco Central tuvieran que salir en pleno Semana Santa a desmentir que estén considerando medidas a corto plazo para revertir el cepo solo aumentó la incertidumbre. «Las trabas de Massa continúan», resumió el CEO de un banco consultado por Ecos365, que, sin el negocio de las tasas de 2023, ha comenzado a «reconstruir» el área comercial para competir en el mercado.

Hasta el momento, el único sector que podrá mostrar números positivos en el primer semestre del año es el agro. «Muchos economistas porteños, analistas y empresas vinculadas al campo están confiados en que la cosecha impulsará la economía, aunque quienes conocen el sector saben que será bueno, pero hasta cierto punto».

En este contexto, por el momento el FMI le dice a Caputo «no hay plata». Los grandes fondos solo están jugando algunas fichas con los bonos. Sin embargo, el país aún no ha perdido su atractivo. Los crecientes conflictos bélicos, junto con los importantes recursos naturales (minería, energía, pesca, agro, etc.), hacen que Argentina sea más que atractiva no solo para posibles negocios, sino también como refugio seguro para millonarios que analizan la situación bélica a nivel mundial.

Guilermo Francos, en diálogo con Radio Mitre, confirmó que el Gobierno buscará revertir la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. La propuesta se hará próximamente, al igual que el tratamiento del proyecto sobre movilidad jubilatoria.

El ministro del Interior hizo referencia a la convocatoria de Javier Milei a los gobernadores para la firma del “Pacto de Mayo”, y mencionó que la modificación en el régimen de Ganancias aprobado por el Congreso en septiembre del 2023 fue uno de los grandes golpes a las cajas provinciales debido a su naturaleza: es un impuesto coparticipable.

“El impuesto a las Ganancias estuvo siempre y fue un error quitarlo porque es progresivo y existe en todos los países. Está dentro de los temas a tratar”, respondió al ser consultado por el gravamen. La reversión de la norma tiene relación con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal, ya que la eliminación de los cambios aportaría 0,4% del PBI al Tesoro Nacional, según los cálculos realizados por el Palacio de Hacienda.

La eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias fue parte de la reforma impulsada por quien era en aquel entonces el ministro de Economía, Sergio Massa. “Cuando se derogó, con fines absolutamentes electoralistas, lo que se hizo fue desfinanciar a las provincias”, indicó el funcionario.

La eliminación eximió del pago a más de 800 mil contribuyentes. Con la aprobación de la propuesta legislativa, el tributo pasó a denominarse “impuesto a los mayores ingresos”, y solamente debía ser abonado por quienes obtienen ingresos mensuales superiores al nuevo piso, establecido en 2,3 millones de pesos.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), uno de los tributos con mayor caída con respecto a la recaudación durante el primer bimestre del año fue Ganancias, con un 38,7% interanual real. Por otro lado, el de mayor incremento fue el impuesto PAIS, con un 292,4%.

Es por la actualización del impuesto a los combustibles, que el Gobierno anterior prorrogó desde hace más de dos años hasta el 1° de febrero.

Con un ojo puesto en la desaceleración de la inflación y el otro en las cuentas fiscales, el ministro de Economía, Luis Caputo deberá definir en los próximos días un tema clave para ambos frentes: la actualización del impuesto a los combustibles.

En medio de la negociación en el Congreso para avanzar con el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, esencialmente con la suba de retenciones que cosecha el firme rechazo de la oposición más dialoguista, la suba del impuesto al combustible es referida como una alternativa para compensar los menores recursos si el oficialismo no logra avanzar en su plan. Sin embargo, aun cuando finalmente lograra ese apoyo, la suba del impuesto a los combustibles luce inevitable. También será inevitable, en consecuencia, el aumento en el precio de la nafta. Como corolario, la expectativa de una inflación que profundice la tendencia a la baja durante el mes próximo, cuando además se producirá la suba de tarifas, también quedará interpelada.

El denominado impuesto a los combustibles son en rigor dos tributos de suma fija -el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono- que se ajustan trimestralmente desde 2018 de acuerdo a la evolución de la inflación. Ese ajuste impacta en su totalidad en el precio final de la nafta -según publica Infobae-.

Sin embargo, hace dos años y medio que el monto que percibe el Estado por ese tributo está congelado. Esto porque en plena escalada de la inflación, la actualización trimestral se prorrogó sucesivamente. La última postergación fue en noviembre último cuando, a través de una resolución de la AFIP, el Poder Ejecutivo postergó hasta el 1° de febrero de 2024 “los efectos de los incrementos en los montos de impuestos establecidos en la Ley 23.966 para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil”. La norma aclaró que “los incrementos en los montos de dichos impuestos que resulten de las actualizaciones correspondientes al tercer y cuarto trimestres calendario de 2021, al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario de 2022 y al primer, segundo y tercer trimestres calendario de 2023, surtirán efectos a partir del 1° de febrero de 2024, inclusive”.

En otros términos, el Gobierno deberá decidir la próxima semana en qué medida actualizará el impuesto, lo que determinará el impacto en el precio de la nafta. Actualmente, entre ambos tributos, la suma fija asciende a unos $20 por litro, lo que representa menos del 3% del precio del combustible cuando históricamente implicó más de 10% del precio de surtidor. Vale aclarar que se trata de un impuesto de muy fácil recaudación y también muy alta recaudación, en situaciones normales. Sin embargo, su peso en la recaudación total se licuó de manera drástica en los últimos años, al punto que durante el año pasado creció, en términos nominales, apenas 22% comparado con una inflación 10 veces mayor.

El dilema para Caputo ahora no es menor. Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que se está evaluando el asunto, aunque todavía no hay una definición concreta. Es que lo que ocurra en el Congreso con las retenciones puede resultar determinante en la agresividad que se le aplique al sendero de corrección de ese impuesto. O, incluso, para un nuevo mecanismo de aplicación.

En las petroleras, en tanto, descartan que haya una nueva prórroga pero todavía no tienen certezas del camino que tomará Economía. Cuanto más veloz sea la recomposición del impuesto, mayor será el impacto en la inflación. A la inversa, cuanto más gradual el ajuste el impuesto, menos recursos para alcanzar el santo grial del déficit cero.

Con shock o gradualismo, la necesidad de decidir sobre la cuestión no podría ser más inoportuna para Caputo. Si bien hay señales de desaceleración de la inflación en lo que va de enero, febrero es el verdadero test para el equipo económico, que aspira a un indicador por debajo del 15%. Sin embargo, el ajuste de tarifas dispuesto tanto el luz, como electricidad y también transporte implicaría un impacto de al menos 7 puntos porcentuales, Sumarle una nueva suba en el precio de la nafta conspiraría seriamente contra el objetivo inicial y tendría, también, un impacto impredecible en las expectativas inflacionarias. Como recordatorio, el cálculo de los petroleros es que, cada 10% que se sube el precio de la nafta, el IPC acusa 1 punto más de inflación.

Javier Milei adelantó esta mañana que votará a favor del proyecto de su rival en la competencia por la Presidencia, Sergio Massa, para reformar la ley que regula el impuesto a las Ganancias. Lo dijo frente a empresarios del sector energético, en un desayuno del Club del Petróleo, la entidad representativa de la industria del petróleo nacional, pocas horas antes del comienzo de la sesión especial en Diputados donde se tratará el proyecto del oficialismo.

“Voy a votar siempre que se bajen impuestos, no me importa ningún cálculo político”, dijo durante un discurso que duró cerca de una hora el líder de La Libertad Avanza (LLA), que además de candidato es diputado nacional desde 2021. Lo acompañaban Nicolás Posse, su principal asesor y líder de los equipos técnicos de LLA, a quien conoció en Corporación América, y que se perfila como jefe de Gabinete en caso de que gane los comicios el 22 de octubre. Y Eduardo Rodríguez Chirillo, su referente en temas energéticos, que fue asesor de la Secretaría de Energía en los 90, bajo la órbita de Domingo Cavallo. Milei ya había presentado al abogado como miembro de su espacio durante un encuentro en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), semanas atrás.

En el salón de eventos del Hotel Libertador, donde se celebraba el evento, lo escuchaban los principales petroleros del país, entre ellos, Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, y Daniel de Nigris, CEO de Exxonmobil Exploration. Después de su mensaje, Milei dijo que partiría rumbo al Congreso para participar del debate.

Con su respaldo a la medida de Unión por la Patria, el libertario, que ubica la eliminación de impuestos en un lugar prioritario de su campaña, se diferenciará de Juntos por el Cambio, que optó por un dictamen de rechazo en el encuentro de la Comisión de Presupuesto, ayer. Según argumentaron en esa instancia desde la coalición opositora, el impuesto, que consideraron de carácter progresivo, “con estas modificaciones se vuelve regresivo”.

“Hay un punto en el que el que más gana empieza a pagar menos”, dijo ayer el diputado del bloque de Evolución Radical, Alejandro Cacace, durante el debate en el cuerpo que conduce el kirchnerista Carlos Heller. Además, como publicó Infobae, cuestionó el impacto fiscal de la propuesta. “La eliminación de la cuarta categoría y un nuevo piso de $1.700.000 significará un costo de 0,83% del PBI, que impactará sobre la recaudación y más tarde en los ingresos de las provincias”, dijo el legislador radical, y señaló que el costo, hasta fin de año, sería de 375.000 millones de pesos.

La reticencia del espacio que fundó Mauricio Macri, sin embargo, no fue suficiente para frenar la iniciativa: con 25 firmas a favor, el oficialismo obtuvo dictamen de mayoría, y el proyecto será tratado hoy en sesión especial de Diputados. Sin embargo, el apoyo de Milei y sus diputados en el recinto no garantizaría ni el quórum -para el que se requieren 129 diputados- ni la media sanción. El oficialismo apuesta, como es habitual, a los bloques provinciales, y desde hace días el Gobierno entabló negociaciones con los gobernadores para convencerlos de que instruyan a sus legisladores a su favor.

Desde mayo rige un nuevo piso salarial para el pago del impuesto y quedó oficializado este domingo. En qué casos será afectado el aguinaldo.

Desde mayo solo pagarán Impuesto a las Ganancias las remuneraciones de los trabajadores superiores a los $506.230, así quedó oficializado por el Gobierno Nacional.

La modificación propuesta permitirá una reducción del total de trabajadores que pagan impuesto. A través de la medida, se beneficiarán aproximadamente 250.000 empleados en relación de dependencia. 

¿QUÉ PASA CON EL AGUINALDO?

En caso de que el promedio de la remuneración y/o del haber bruto mensual de 2023 superara los $506.230, se especula y confirma entonces que el aguinaldo estará íntegramente afectado por el impuesto a las Ganancias.

Si el promedio de los salarios no superase los $506.230, entonces el aguinaldo como tal quedará exento hasta la suma de $253.115 (que es la mitad de $506.230).

El nuevo piso del impuesto a las Ganancias entrará en vigencia desde mayo de 2023 y el pago del complemento está vinculado a la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) de 25,29%, entre octubre de 2022 y febrero de 2023.

Estas disposiciones resultarán de aplicación para las remuneraciones y/o haberes brutos mensuales devengados a partir del 1° de mayo de 2023, inclusive, con excepción de lo dispuesto en el artículo 1°, que surtirá efectos conforme a lo allí previsto.

El secretario de Hacienda de la Municipalidad de Rawson, Martín Sterner, dio a conocer que el martes próximo, 22 de noviembre, comenzará a implementarse el pago anticipado de impuestos correspondientes al año 2023, con descuentos de entre el 20 y el 35%.

Sterner detalló que “el descuento por la cancelación anticipada va a ser, durante lo que resta de noviembre, del 35%; en diciembre del 25% y, durante enero, del 20%”.

El funcionario recordó que para acceder a estos beneficios será requisito estar al día con el pago de las obligaciones del actual período. Y que el descuento incluye a los impuestos Automotor, Inmobiliario y Cementerio.

Además, Sterner dijo que para facilitar a los contribuyentes el pago anticipado, el horario de atención tanto en el Palacio Municipal como en la oficina ubicada en Playa Unión será de 8,30 a 16 horas.

“El pago se podrá realizar, como de costumbre, en todos los puestos de atención física con los que cuenta la Municipalidad, en el Palacio Municipal y en Playa Unión”, indicó Sterner.

Y agregó que “a diferencia de los años anteriores, este año también se va a poder pagar a través de la página web de la Municipalidad, con distintos medios como billeteras virtuales, tarjetas de crédito y débito”.

El cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes es “muy importante para dotar al municipio de recursos”, dijo Sterner, y agregó: “Es lo que permite durante el año avanzar en políticas públicas y en obras que cada una de las Secretarías municipales implementa para reforzar y generar nuevos lazos con la comunidad”.

Lo aseguró en diálogo con Radio Chubut una dueña de campo sobre Península Valdés. Indicó que hay funcionarios provinciales que “no tienen idea de lo que están hablando”.

La productora de Península Miriam Echave, se mostró contrariada por la puesta al cobro del Impuesto Inmlobiliario Rural, con importante variabilidad en el costo, en un mismo departamento. Marcó al respecto que el tema fue manejado por el Gobierno Provincial con “improvisación”.

Echave afirmó que “los que teníamos de 2.000 animales estábamos exentos del pago y era lógico, pero este año nos encontramos que recibimos notificaciones de distinto tipo”. Relató que en su caso se trata de un establecimiento con menos de 2.000 animales en Península y recibió una boleta de $ 80.000.

La productora detalló que a un vecino suyo con las mismas condiciones le llegó una factura por $ 20.000, mientras que alguien con menor superficie recibió una notificación para el pago de $ 140.000.

La representante del agro, opinó que “está todo muy mal calculado y nos sorprende porque aparecen campos que están sin producción”, lo que lleva a “una situación de malestar y enojo”. Insistió en que “estas disparidades son una barbaridad” y que hay gente que no lo ha pagado.

Dijo que “es una ley que fue aprobada y la realidad es que en esta situación es imposible pagar”. Por último fue tajante con las autoridades, al señalar que “hay técnicos en la provincia que son muy buenos y conocen la realidad, pero también muchos funcionarios que no tienen la menor idea de lo que están hablando”.

La tierra productiva de Chubut se concentra en manos de muy pocos terratenientes, y en los últimos años sus poseedores aumentaron la cantidad de hectáreas en su poder. Se incrementó 13% el total que poseen aquellos propietarios que acumulan más de 20 mil hectáreas cada uno. Sólo 15% de latifundistas provinciales son dueños del 65% de las tierras de Chubut. En una provincia estancada por la crisis económica, el Estado chubutense no cobra desde 2003 el Impuesto Inmobiliario Rural y los estancieros se niegan a pagarlo cuando se intenta reinstalar el tributo.

El último Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2018 -publicado en noviembre de 2019- revela que en la provincia de Chubut se profundiza la concentración de la propiedad de la tierra en muy pocas manos, y que ese proceso se profundizó en los últimos 16 años.

Se observa que solamente 193 terratenientes poseen más de 20 mil hectáreas cada uno y acaparan un total de 7.249.791 hectáreas en Chubut. El promedio indica que cada uno de ellos concentra más de 37.500 hectáreas del territorio provincial.

En el CNA de 2002 ese grupo de propietarios estaba conformado por 213 terratenientes que acumulaban 7.088.978 hectáreas, con un promedio que llegaba a las 33.200 hectáreas entre cada uno de ellos.

Durante los últimos 16 años la cantidad de grandes propietarios se redujo en 20, pero el territorio que concentran se incrementó en 13%; con lo que atesoran casi 161 mil hectáreas más que en 2002.

Los terratenientes con más de 20 mil hectáreas representaron en 2018 el 6% de los propietarios de la tierra chubutense y tenían en sus manos 42% del total de las tierras productivas e improductivas de Chubut.

Si a los poseedores de más de 20 mil hectáreas se les acoplan aquellos que tienen tierras por más 10 mil hectáreas, la concentración se hace todavía más evidente; ya que 15% de los estancieros provinciales son los propietarios del 70% de toda la tierra existente en Chubut.

Si se suman los propietarios de 1.000 a más de 20.000 hectáreas alcanzan al 51% del total existente en la provincia y entre ellos concentran el 98% del territorio provincial. Esa ecuación no se modificó en los tres últimos lustros. Esos 1.998 latifundistas poseen en promedio 56 mil hectáreas cada uno.

En contrapartida, los pequeños ruralistas y tenedores de tierras -según los datos del CNA 2018- son 596 con menos de 50 hectáreas cada uno. De ese modo, acumulan solamente 13.111 hectáreas entre todos, con un promedio de 22 hectáreas cada uno.

El Senado de Argentina convirtió este jueves en ley un proyecto que reforma un polémico impuesto a los salarios, que a fin de marzo había recibido media sanción de la Cámara de Diputados, lo que beneficiará a más de un millón de trabajadores.

En medio de una grave crisis económica, la reforma al «impuesto a las ganancias» fue aprobada con 66 votos positivos y una abstención. No hubo votos en contra del proyecto impulsado por el oficialismo.

La norma establece que los trabajadores que cobren un salario de hasta 150.000 pesos brutos mensuales (US$1.624) estarán exentos del impuesto. En el caso de los jubilados, el piso se eleva a ocho haberes mínimos.

La medida beneficiará a 1.267.000 personas entre trabajadores y jubilados, según datos difundidos por el Ministerio de Economía.

El presidente de centroizquierda Alberto Fernández impulsó el proyecto para seducir a un sector de la clase media afectado por la profundización de la crisis económica durante la pandemia de COVID-19, con la esperanza de captar votos antes de los comicios de medio término de octubre.

A partir de la sanción de la ley, menos del 10% de los trabajadores y jubilados pagarán la tasa.

La norma será retroactiva al 1 de enero de este año y tendrá un costo fiscal estimado de 48.000 millones de pesos.

Fuente: América Economía