Revisan imputaciones a 14 directivos por las muertes causadas por fentanilo contaminado.
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revisa las imputaciones a 14 directivos y responsables de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA, investigados por la producción y distribución de fentanilo contaminado que habría provocado la muerte de 20 pacientes en distintas clínicas del país. El caso, considerado una de las mayores tragedias sanitarias recientes, podría derivar en penas de hasta 25 años de prisión.
La Cámara Federal evalúa los procesamientos
Los camaristas deben resolver las apelaciones presentadas por las defensas contra el fallo del juez Ernesto Kreplak, quien procesó a los directivos por adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, según los artículos 200 y 201 bis del Código Penal.
Entre los acusados figuran Ariel y Diego García Furfaro, propietarios de ambas firmas, y su madre Nélida Furfaro, integrante del directorio. Los dos primeros continúan detenidos, mientras que la mujer cumple prisión domiciliaria.
Según La17, el magistrado sostuvo que los imputados incumplieron normas básicas de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) y ocultaron fallas en los controles de calidad, priorizando la rentabilidad sobre la seguridad sanitaria.
También se detectaron registros falsificados, destrucción de documentación y maniobras para obstaculizar la investigación judicial.
Los lotes contaminados y el origen del brote
El informe judicial indica que los lotes de fentanilo adulterado con bacterias se produjeron en diciembre de 2024 y comenzaron a distribuirse en enero de 2025.
El lote 31202, fabricado el 18 de diciembre, sería el principal responsable de los casos fatales.
Las pericias de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, presentadas el 13 de octubre, confirmaron que las concentraciones del citrato de fentanilo eran correctas —entre 49 y 51 µg/mL—, pero que la contaminación bacteriana estaba comprobada.
Esto refuerza la hipótesis de que la manipulación negligente en la producción y el almacenamiento permitió el ingreso de bacterias causantes de infecciones mortales.
Posible connivencia y fallas en el control estatal
El juez Kreplak ordenó allanamientos en la ANMAT y el INAME para determinar si hubo connivencia o incumplimiento de deberes por parte de funcionarios públicos encargados de fiscalizar los laboratorios.
En su resolución de 401 páginas, afirmó que las alertas emitidas por la ANMAT “fueron claras e insistentes” y que debieron haber frenado la producción.
Sin embargo, los laboratorios continuaron operando sin cumplir las normas mínimas de seguridad.
Las defensas rechazan las acusaciones
Los abogados defensores sostienen que las imputaciones se basan en “presunciones y no en pruebas concretas”.
El letrado Gastón Marano, representante de la familia Furfaro, aseguró que “nadie busca fundir su propio laboratorio ni enfermar a la gente” y cuestionó la aplicación del dolo eventual, al entender que no hubo intención de causar muertes.
Además, consideró que las pruebas químicas descartan cualquier vínculo con el narcotráfico y demuestran que “la calidad del producto era aceptable”.
Un caso que marca un precedente sanitario
Mientras la Cámara Federal define si confirma o revoca los procesamientos, el expediente se consolida como un caso testigo en materia de control farmacéutico y responsabilidad penal empresarial.
Si se ratifican las imputaciones, los acusados podrían enfrentar penas de entre 10 y 25 años de prisión por adulteración dolosa de medicamentos con resultado fatal, en un proceso que podría redefinir los estándares de fiscalización sanitaria en la Argentina.