Un informe privado revela que tener trabajo ya no alcanza para garantizar una buena alimentación y advierte sobre el avance de la inseguridad alimentaria en empleados formales e informales.
El 15% de los trabajadores asalariados del país no logra alimentarse adecuadamente, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA.
El relevamiento señaló que, incluso quienes tienen empleo formal, la inseguridad alimentaria alcanza al 7%, una cifra que refleja cómo el deterioro del poder adquisitivo y la precariedad laboral impactan en distintos ámbitos.
El informe de la UCA se basó en la Encuesta de la Deuda Social Argentina, que analizó la situación de los hogares urbanos en todo el país entre 2017 y 2024. Los resultados muestran que la precariedad laboral, los bajos ingresos y las desigualdades estructurales siguen siendo factores clave para explicar por qué miles de trabajadores no pueden alimentarse bien.
Según el estudio, la alimentación adecuada es parte de las condiciones de trabajo dignas. Su deterioro refleja problemas más profundos vinculados con los ingresos y la falta de protección social.
La diferencia entre tener un empleo registrado o no es abismal. Quienes no realizan aportes a la seguridad social presentan niveles de inseguridad alimentaria más de cuatro veces superiores. La precariedad laboral -empleos informales, sin estabilidad ni cobertura- se asocia directamente con una mayor vulnerabilidad.
Esto confirma que el problema no se limita a la falta de empleo, sino que está directamente relacionado con la calidad del trabajo y los derechos laborales.
El relevamiento también muestra fuertes diferencias según el nivel educativo y la condición socioeconómica. En los hogares con bajo nivel de instrucción o en situación de pobreza, la inseguridad alimentaria supera el 30%. En cambio, entre los trabajadores con estudios universitarios, cae al 4%.
Para la UCA, estas desigualdades profundizan un círculo de exclusión: a menor educación y menor ingreso, peor alimentación y más dificultades para sostener la productividad y la salud.
Las brechas regionales también son marcadas. Las tasas más altas de inseguridad alimentaria se registran en el conurbano bonaerense y en el interior del país, mientras que la Ciudad de Buenos Aires presenta los valores más bajos. El informe advierte que el desarrollo territorial y la infraestructura económica inciden directamente en el acceso a los alimentos.
Por otro lado, el estudio destaca el rol de los sindicatos: los trabajadores afiliados presentan mejores indicadores de seguridad alimentaria que los no afiliados, gracias al acceso a convenios colectivos, paritarias y beneficios complementarios.
Sin embargo, los subocupados, los empleados informales o quienes trabajan jornadas reducidas son los más afectados.
Las diferencias de género y edad también son relevantes: las mujeres y los jóvenes asalariados registran mayores niveles de inseguridad alimentaria que los hombres y los adultos mayores.
Para la UCA, estos datos confirman que la alimentación debe entenderse como parte del derecho al trabajo digno. El informe advierte que las políticas públicas deberían integrar la agenda alimentaria con las de empleo, ingresos y protección social para revertir una situación que ya afecta a miles de trabajadores en todo el país. Información extraída de El Comodorense.
