La Corte avanza con la incorporación de bienes y fondos recuperados.
La Corte Suprema de Justicia puso en marcha el proceso formal para que más de 60 millones de dólares y varias propiedades decomisadas a Lázaro Báez y a su hijo Martín pasen definitivamente al patrimonio del Estado. Se trata de uno de los movimientos administrativos más relevantes desde que la causa conocida como “la ruta del dinero K” quedó firme, tras años de litigios y apelaciones.
Cómo se concreta la transferencia de los bienes
El director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero, envió un oficio al juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, en el que notificó que ya se dispuso la adjudicación definitiva de los montos obtenidos por las subastas judiciales. Según informó Noticias Argentinas, el trámite también incluye la inscripción registral de los inmuebles a nombre de la Corte Suprema.
La sentencia del TOF dictada en abril de 2021, y ratificada por la Cámara de Casación en 2023, estableció que los bienes decomisados alcanzan USD 61.130.860,86, además de $4.174.697, monto que deberá actualizarse conforme al índice de precios del consumidor del INDEC.
Romero solicitó al TOF 4 la transferencia inmediata del dinero hacia dos cuentas del máximo tribunal y la entrega de toda la documentación vinculada a las subastas realizadas en el expediente 3017/2013/TO2/14.
Un fallo clave que habilitó la ejecución definitiva
La maniobra de traspaso se habilitó tras la resolución del 29 de mayo de 2025, cuando la Corte Suprema —con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— declaró inadmisibles los últimos recursos presentados por las defensas. Ese rechazo dejó firmes tanto las condenas como los decomisos, permitiendo avanzar con la ejecución efectiva.
El caso representa uno de los mayores procesos de recuperación de activos provenientes de hechos de corrupción en Argentina, no solo por el volumen económico, sino también por la diversidad de bienes involucrados, que incluyen propiedades, vehículos y activos financieros.
El trasfondo judicial: un organismo frenado y un debate abierto
Mientras se ejecutan los decomisos, la administración de estos bienes continúa atravesando un escenario de disputa institucional. El Poder Ejecutivo había creado el Consejo de Bienes Recuperados, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, con el objetivo de gestionar los activos provenientes de delitos económicos.
Sin embargo, en octubre pasado, el juez Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación del decreto que daba origen al Consejo. En su fallo, el magistrado sostuvo que la norma “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito”, afectando la independencia judicial y la autarquía presupuestaria.
La decisión de Cayssials vuelve a ubicar el eje en un debate permanente: quién debe administrar los bienes recuperados, bajo qué reglas y con qué controles. Con este telón de fondo, la Corte avanza en la parte que le corresponde: ejecutar la sentencia y garantizar que los montos decomisados ingresen formalmente al Estado.
Qué significa este paso para el Estado y para la causa
La transferencia de los fondos marca un punto de inflexión en la causa, cerrando un extenso capítulo judicial y permitiendo que los recursos decomisados pasen a destino efectivo. También envía una señal política en un momento de renovada discusión sobre la transparencia en el manejo de bienes recuperados.
Si bien aún resta definir cómo se administrarán en adelante estos activos, la orden de la Corte obliga a completar todos los pasos administrativos, un proceso que continuará en las próximas semanas con nuevas comunicaciones entre el TOF 4 y el máximo tribunal.
