El máximo tribunal argentino desestimó un pedido de ASSUPA para frenar incidentes en la Cuenca Neuquina, señalando falta de pruebas específicas.
La entidad había denunciado a YPF, Chevron y otras petroleras por un supuesto «deterioro constante» en la zona de Vaca Muerta.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, marca un precedente en cómo la Justicia evalúa los reclamos ambientales contra la actividad extractiva en la Patagonia. La Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) buscaba que se ordenara a las empresas petroleras la recomposición progresiva de la zona y estudios técnicos, pero el Tribunal consideró que la presentación adolecía de fundamentos concretos.
Un reclamo basado en un informe provincial
La ONG fundó su pedido de medida cautelar en un informe de la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén de 2021. Dicho documento advertía sobre numerosos incidentes registrados ese año, que —según la interpretación de ASSUPA— representarían un «deterioro constante, progresivo e irremediable» si no se aplicaban medidas urgentes[citation:Resultados del buscador]. Entre las compañías demandadas figuraban YPF, Pampa Energía, Chevron, Pan American Energy, Vista Oil & Gas, Total Austral y Pluspetrol, entre otras.
Además de la remediación, ASSUPA solicitó la intervención de la Universidad de Buenos Aires para realizar estudios y que se la reconociera como veedora del proceso. El reclamo también involucraba al Estado Nacional y a las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y Neuquén.
Los argumentos del Tribunal para rechazar la cautelar
Los jueces Horacio Rosatti, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, Silvina Andalaf Casiello y Rocío Alcalá firmaron el fallo unánime. Su decisión se basó en varias consideraciones técnicas clave.
En primer lugar, la Corte consideró que ASSUPA «no conecta ningún hecho específico presuntamente dañoso a la actividad de alguna de las personas que demanda», ni logra demostrar un daño concreto que justifique una medida urgente[citation:Resultados del buscador]. Asimismo, el Tribunal señaló que la entidad no delimitó con precisión la zona afectada y, fundamentalmente, no acreditó la existencia de un «daño interjurisdiccional». Este requisito es esencial para que la Corte Suprema intervenga, ya que su competencia se activa cuando un problema ambiental excede los límites de una sola provincia.
El fallo también fue crítico con las pruebas presentadas. Señaló que ASSUPA omitió justificar cómo la situación denunciada involucraba más de una jurisdicción, a pesar de citar un informe provincial. Además, rechazó como prueba válida un relevamiento presentado por la ONG, elaborado por la empresa Astecna S.A., porque no identificaba pasivos ambientales concretos ni vinculaba eventos de daño con las empresas demandadas.
Finalmente, la Corte fue contundente al desestimar el argumento de ASSUPA según el cual las empresas debían probar que no existía daño ambiental. El Tribunal sostuvo que no puede invertirse la carga de la prueba, la cual recae en quien realiza la denuncia.
Este fallo cierra, por ahora, esta instancia judicial para ASSUPA. Sin embargo, ocurre en un contexto de creciente preocupación por el impacto ambiental de Vaca Muerta, donde comunidades mapuche y organizaciones han elevado denuncias similares, incluso llevándolas a foros internacionales. El debate entre el desarrollo energético y la protección del ambiente en la Patagonia argentina, lejos de concluir, parece intensificarse.