El Presupuesto 2026, aprobado por el Congreso y a punto de ser promulgado, incluye una reforma crucial que le dará mayor margen de maniobra al Gobierno nacional para manejar sus pasivos.
Se trata de modificaciones a la ley de Administración Financiera que eliminan la obligación de mejorar tasas, plazos o capital al renegociar deuda, una restricción vigente hasta ahora.
Según Noticias Argentinas, los artículos 55 y 56 del Presupuesto modifican sustancialmente el marco legal para la administración de deuda. El cambio principal radica en que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, ya no estará obligado a cumplir con lo que establece el artículo 65 de la ley 24.156, que exigía que toda reestructuración implicara un «mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses» para el Estado. Esto le permitirá al Gobierno encarar el próximo año, donde habrá fuertes vencimientos, con mayor flexibilidad para realizar canjes o renegociaciones sin ese requisito.
¿Qué cambia exactamente con la reforma presupuestaria?
La norma vigente, el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, establecía con claridad que el Gobierno solo podía reestructurar deuda pública si esa operación implicaba una mejora en los montos, los plazos o las tasas de interés de la deuda original. Esta salvaguarda buscaba proteger los intereses del Estado en cualquier renegociación.
La reforma incluida en el Presupuesto 2026 elimina esta exigencia. En su lugar, faculta al Ministerio de Economía a realizar de forma más amplia «operaciones de administración de pasivos», que incluyen canjes, compraventa de bonos y «cualquier otra transacción financiera habitual» en los mercados, según el texto legal.
Un cambio que pasó con bajo perfil en el debate parlamentario
A diferencia de otros artículos que acapararon la atención y generaron fuertes polémicas –como la derogación de leyes de Discapacidad y Universitaria en Diputados o los pisos de financiamiento educativo en el Senado–, esta modificación a la gestión de la deuda no tuvo un gran despliegue en el debate.
Solo fue criticada puntualmente por algunos legisladores opositores, como el senador José Mayans (Peronismo) y la diputada Juliano Di Tullio (Kirchnerismo). El grueso de la discusión pública y mediática se centró en otros temas, por lo que el cambio en una regla clave de endeudamiento pasó con relativo bajo perfil.
La evaluación técnica de la Oficina de Presupuesto del Congreso
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) analizó la modificación. Este órgano técnico legislativo, en un informe, destacó el cambio principal: el nuevo artículo ya no incluye la facultad de reestructurar deuda bajo el marco de la ley 24.156. Justamente esa ley imponía antes la obligación de mejorar los términos. Según la OPC, las nuevas reglas autorizan de forma expresaotras operaciones. Se trata de la compra, venta, canje y derivados financieros.
Este nuevo marco brinda al Ministerio de Economía mayor amplitud y flexibilidad legal. Su objetivo es gestionar los pasivos del Estado nacional de una manera más amplia. Con esta reforma, el equipo económico del presidente Javier Milei gana una herramienta clave para 2026. El año viene con vencimientos importantes de deuda. Ahora, el Gobierno busca más flexibilidad para negociar. Lo hace en un contexto financiero complejo, sin la atadura legal de tener que lograr siempre una mejora en los términos. El Congreso promulgó la medida junto con el Presupuesto. Así se redefinen las reglas de juego para la gestión de la deuda pública en los próximos años.
