Una nueva audiencia de revisión concluyó con la decisión de mantener la prisión preventiva de Luis Alberto Alcaina, investigado como presunto coautor de cuatro robos, uno de ellos agravado.
En la mañana de este martes se desarrolló en los tribunales una audiencia para revisar la situación procesal de Luis Alberto Alcaina. La fiscal Andrea Rubio solicitó la continuación de la prisión preventiva, argumentando que existen «elementos de convicción» que lo vinculan con probabilidad a los hechos investigados. Según información oficial del poder judicial, la fiscal destacó el «peligro de fuga» basado en el comportamiento del imputado, quien se mantuvo oculto antes de ser sometido a proceso.
El legajo judicial investiga cuatro delitos contra la propiedad, donde Jorge Lanizante aparece como consorte de causa. Se trata de tres casos de robo simple y un robo agravado por la posible utilización de un arma, aunque su aptitud para el disparo no está totalmente acreditada.
El defensor consintió, pero anticipó un futuro pedido
Frente a los argumentos de la fiscalía, el defensor público Alejandro Varas reconoció que no existían «presupuestos nuevos» para solicitar una morigeración de la medida en esta instancia. Por ello, consintió el pedido de mantener la prisión preventiva, pero anticipó que para la próxima audiencia, fijada el 11 de febrero de 2026, realizará una presentación para solicitar salidas laborales para su asistido, en el marco de una posible evolución de las condiciones procesales.
La jueza confirmó la prisión hasta febrero de 2026
Tras escuchar a las partes, la jueza penal subrogante Daniela Arcuri resolvió hacer lugar al requerimiento fiscal, consentido por la defensa. En su decisión, fundamentó la medida en la probabilidad de autoría, el peligro de fuga y el «comportamiento reticente» de Alcaina, quien previamente se había mantenido oculto a la acción de la justicia. Así, la prisión preventiva se extendió formalmente hasta la próxima fecha de revisión, dentro de aproximadamente dos meses.
Este caso refleja el procedimiento habitual en la revisión de medidas cautelares, donde se ponderan los derechos del imputado con la necesidad de asegurar el proceso penal. Información extraída del medio Ministerio Público Fiscal.