La iniciativa buscará reemplazar la norma vigente para garantizar «viabilidad fiscal» y atender el reclamo presupuestario de las universidades. El decreto se firmaría en las próximas horas y se publicará el lunes en el Boletín Oficial.
En medio de la tensión con el sector educativo y tras la apelación a la medida cautelar que lo obliga a aplicar la ley vigente, el Gobierno nacional decidió enviar al Congreso un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa apunta a reemplazar el esquema actual por uno que combine «previsibilidad fiscal» con respuestas a los reclamos históricos de las casas de altos estudios.
Según ADNsur, el decreto que incorporará el proyecto al temario de sesiones extraordinarias se firmaría en las próximas horas y se publicaría el lunes en el Boletín Oficial. En el mismo texto se formalizaría la extensión del período extraordinario hasta el sábado 28 de febrero.
Negociaciones con el CIN y guiños al sector
En los últimos días, funcionarios del presidente Javier Milei iniciaron conversaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para delinear los ejes de la nueva propuesta. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron un encuentro con autoridades del CIN para avanzar en los detalles técnicos.
Desde el Ejecutivo aseguran que la nueva ley no buscará derogar el sistema actual, sino introducir modificaciones que permitan mayor previsibilidad fiscal —un punto central para la gestión libertaria— y garantías jurídicas para las universidades. La intención oficial es «garantizar viabilidad fiscal» y, al mismo tiempo, atender los reclamos del sector universitario, que desde hace meses exige una actualización presupuestaria.
El contexto: una ley vetada y una cautelar apelada
La decisión del Gobierno se produce días después de que el Ejecutivo apelara la medida cautelar que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario vigente. Esa norma, que establece la actualización de los salarios docentes y de las partidas presupuestarias destinadas a las universidades, fue aprobada por ambas cámaras en 2024.
Si bien el presidente Milei la vetó en su momento, el Congreso ratificó la ley. Ahora, el oficialismo busca reemplazar ese esquema por uno nuevo que logre consenso político y, al mismo tiempo, desactive las disputas legales abiertas y evite eventuales sanciones.
Estrategia legislativa en medio de una agenda cargada
El proyecto sería incorporado al temario de sesiones extraordinarias mediante decreto, pese a que el reglamento de la Cámara de Diputados establece que este tipo de decisiones debe ser votado en el recinto. La jugada oficial busca acelerar los tiempos en un mes de intensa actividad legislativa.
La semana fue particularmente movida en el Congreso: el Senado aprobó la reforma laboral, mientras que Diputados otorgó media sanción a la ley penal juvenil y al acuerdo Mercosur. En ese contexto, la nueva ley de financiamiento universitario se convierte en una pieza clave para destrabar otro de los frentes conflictivos que enfrenta la gestión libertaria.