El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, salió al cruce del polémico episodio bautizado como «Chivo gate».
Un funcionario de su propio ministerio fue detenido tras huir de un control policial transportando 27 animales faenados ilegalmente en un vehículo oficial. Ante los oficiales, el detenido argumentó que «los chivitos son para el ministro», versión que el titular de la cartera rechazó de manera categórica, reportaron medios locales de la provincia.
El hecho ocurrió el lunes por la noche en cercanías de Dolavon. Efectivos policiales intentaron detener una camioneta Renault Alaskan del Ministerio de Gobierno y Justicia, pero el conductor inició una fuga que se extendió por unos 19 kilómetros hasta ser interceptado. Al requisar el vehículo, encontraron 27 animales (chivos y corderos) faenados sin documentación que avalara su origen o transporte legal.
«Métanlo en cana, yo qué tengo que ver»
Según su propio relato, Iturrioz recibió una llamada en pleno operativo. «Me llama el jefe policial y me dice que hay uno detenido que dice que trae chivos que compraste vos, y yo le dije: ‘métanlo en cana, ¿yo qué tengo que ver?'». El ministro desmintió cualquier relación personal con el detenido, Ventura Antonio Martínez, hasta ese momento director de Asuntos Municipales de su cartera, y negó haber solicitado la compra de animales.
«Que secuestren el teléfono y revisen las comunicaciones. No van a encontrar una sola llamada conmigo. Yo no intervengo por nadie ni libero a nadie», desafió Iturrioz, instando a una investigación exhaustiva. Aprovechó para respaldar el accionar de la policía, señalando que actuaron conforme a los protocolos ante la falta de guía, sellos y condiciones de frío de la carne.
Reacción gubernamental y consecuencias inmediatas
La reacción del gobierno provincial fue rápida. Horas después del hecho, el gobernador Ignacio «Nacho» Torres firmó un decreto dejando «sin efecto» la designación de Martínez, disponiendo su despido inmediato. Paralelamente, se presentó una denuncia formal ante la Justicia para que investigue el caso y determine responsabilidades penales.
«La medida busca marcar una postura clara frente a cualquier conducta irregular por parte de funcionarios públicos y reforzar el mensaje de tolerancia cero ante el uso indebido de bienes del Estado», señalaron desde el entorno del Ejecutivo. Además del despido y la denuncia, la Justicia ordenó el secuestro del vehículo oficial y el decomiso de los animales, imputando al exfuncionario por desobediencia judicial.
El episodio, que mezcla el uso indebido de recursos estatales con un delito contra la sanidad animal, ha generado un fuerte impacto político e institucional en la provincia. Mientras la investigación judicial avanza para determinar el origen final de la mercadería y posibles complicidades, el «Chivo gate» deja al descubierto una grave falta de control sobre los bienes del gobierno y pone a prueba los mecanismos de supervisión interna.