El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lanzó un duro ataque contra la Asociación de Viñateros de Mendoza, a los que comparó con el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y acusó de intentar reinstalar mecanismos de control del mercado.
La polémica estalló luego de que el sector vitivinícola recurriera a la Justicia para frenar una medida de desregulación del gobierno nacional.
La Comparación con la AFA y la Defensa de la Opcionalidad
En un extenso mensaje en la red social X, Sturzenegger cuestionó la presentación judicial que busca restablecer la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), un trámite que el gobierno volvió opcional. Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el ministro comparó esta resistencia con la de la AFA al intento de permitir que los clubes se convirtieran en sociedades anónimas. «Recurrieron a la Justicia para prohibir la opcionalidad. Es decir, no querían que los socios pudieran elegir», señaló, argumentando que detrás de ambas posturas hay intereses corporativos. Sturzenegger reveló que, una vez hecho opcional, el 45% de los productores dejó de utilizar el CIU.
Las Acusaciones de Prácticas Anticompetitivas e Intereses Ocultos
El funcionario planteó dos hipótesis sobre el rechazo a la desregulación. La primera es que el CIU funcionaba como un instrumento de control de mercado, concentrando información clave sobre el movimiento de la uva que podría facilitar «prácticas de cartelización». La segunda posibilidad, y la más contundente, sugiere que sin el certificado se dificulta el cobro de una tasa privada vinculada a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), cuyo mandato, según Sturzenegger, está vencido. «Ahí aparece el verdadero interés», deslizó, usando la frase «Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño».
Un Llamado a la Libertad y la Producción
Defendiendo la política de desregulación del presidente Javier Milei, Sturzenegger expresó que «es muy triste ver que un sector que tiene tanto para dar quede rehén de estos intereses». Concluyó con un llamado a la Justicia: «Esperemos que la Justicia se ponga del lado de la producción y la libertad, y no del lado de las prácticas anticompetitivas y los intereses de una o dos corporaciones».
El cruce entre el gobierno nacional y los viñateros mendocinos profundiza la grieta en torno a la política de desregulación. Mientras Sturzenegger acusa de intereses espurios y prácticas anticompetitivas, el sector vitivinícola defiende sus herramientas de control. La batalla, que ahora se libra en los tribunales, define no solo el futuro de un trámite, sino el modelo de intervención estatal en una de las economías regionales más importantes del país.
