Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) acordaron este lunes un paquete de medidas que endurece significativamente la política migratoria comunitaria.
La decisión, impulsada en un contexto de auge de partidos que reclaman mayor control, permitirá la creación de «centros de retorno» fuera de las fronteras del bloque para alojar a solicitantes de asilo cuyas demandas hayan sido rechazadas.
El acuerdo, que aún debe ser avalado por el Parlamento Europeo, incluye sanciones más severas para quienes se nieguen a abandonar territorio europeo y establece por primera vez una lista de «países de origen seguros» que incluye a naciones como Marruecos, Colombia, Bangladesh y Túnez.
El nuevo concepto de «tercer país seguro» y la primera lista oficial
El endurecimiento de la política migratoria gira en torno a dos propuestas clave. Ambas se centran en el controvertido concepto de «tercer país seguro».
La primera medida es un nuevo reglamento. Los ministros de Interior lo aprobaron para agilizar el rechazo de solicitudes de asilo. Este cambio es significativo: elimina la necesidad de un «vínculo»entre la persona migrante y el país no comunitario. En consecuencia, las autoridades podrán declarar una solicitud como «inadmisible» con mayor facilidad y sin evaluar su contenido sustancial.
La segunda medida es histórica: los 27 países de la UE establecieron su primera lista oficial de países de origen «seguros». Esta lista no solo incluye a Marruecos y Colombia, sino también a Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez.
Además, la normativa establece una regla general. Los países que son candidatos oficiales a ingresar a la Unión Europea también recibirán automáticamente esta designación. La única excepción a esta regla se aplicaría si existiera un conflicto armado activo en su territorio.
División interna y críticas de organizaciones de derechos humanos
El acuerdo no fue unánime y dejó al descubierto divisiones internas. España, Francia y Portugal votaron en contra de la normativa sobre el concepto de «tercer país seguro». Francia apoyó la postura española de rechazar que no haya obligación de notificar a otros Estados miembros los acuerdos bilaterales con terceros países para realizar retornos.
Mientras tanto, las propuestas han desatado la indignación de organizaciones de defensa de los derechos humanos. Silvia Carta, de la ONG PICUM, advirtió que en lugar de invertir en «seguridad, protección e inclusión, la UE opta por políticas que expondrán a más personas al peligro y a la inseguridad jurídica». La medida contrasta con el enfoque declarado por el Consejo de la UE, que afirmó que las nuevas leyes buscan «establecer procedimientos de asilo más rápidos y eficaces para quienes no deberían recibir protección».
El camino para la entrada en vigor de estas medidas aún no ha concluido. El paquete aprobado por los Estados miembros representa la posición del Consejo de la UE y ahora debe ser negociado con el Parlamento Europeo en un proceso conocido como «trílogo». Solo después de que ambas instituciones alcancen un acuerdo final, las estrictas reglas podrán implementarse, marcando un punto de inflexión en la gestión europea de la migración. Información extraída del medio DW.
