El Ejecutivo oficializó la venta del 49% de Nucleoeléctrica Argentina S.A., manteniendo el control estatal con el 51%.
El Gobierno nacional confirmó este martes la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que gestiona las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida se concretó mediante el Decreto 695/24, que dispone la venta del 49% del capital accionario, mientras que el Estado retendrá el 51% para sostener el control estratégico de la compañía.
Licitación internacional y participación de trabajadores
De acuerdo con lo establecido, el 44% de las acciones será ofrecido en bloque a través de licitación pública, abierta a inversores tanto nacionales como internacionales. La operatoria estará bajo la órbita del Ministerio de Economía junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
En paralelo, se activará el Programa de Propiedad Participada (PPP), que habilitará a los empleados de la compañía a acceder al 5% del capital accionario, incorporándolos como accionistas minoritarios.
El Estado mantendrá control sobre decisiones estratégicas
El decreto resalta que todas las resoluciones clave —como la construcción de nuevas centrales, ampliaciones de capacidad o eventuales cierres— deberán contar con la aprobación estatal, en el marco de la Ley de Bases 27.742. Con esta normativa, el Gobierno busca preservar la supervisión en un sector considerado sensible dentro de la matriz energética nacional.
Financiamiento para proyectos nucleares
Las autoridades señalaron que la compañía necesita fondos adicionales para avanzar con obras estratégicas. Entre ellas, destacan la extensión de vida útil de Atucha I, programada para volver a operar en 2027, y la construcción del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II, infraestructura indispensable para garantizar la continuidad operativa de Atucha II.
Cambios en la estructura accionaria
Actualmente, la participación accionaria de NA-SA se distribuye en un 79% bajo el Ministerio de Economía, un 20% en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y un 1% en Energía Argentina S.A. (Enarsa). El nuevo esquema establece que estas participaciones deberán ser transferidas a la Secretaría de Energía, organismo que tendrá la responsabilidad de encarar el proceso licitatorio.
El área que conduce Luis Caputo fue designada como autoridad de aplicación para llevar adelante la operación.
Una decisión con impacto en la política energética
Con esta privatización parcial, el Gobierno busca atraer capital privado para proyectos que considera estratégicos y al mismo tiempo garantizar el control estatal de la energía nuclear. Según informó Radio 3, la medida representa uno de los pasos más significativos en la política energética del Ejecutivo, que apuesta por una combinación de inversión externa y regulación nacional.
La privatización del 49% de Nucleoeléctrica Argentina marca un hito en la política energética del país. El Gobierno asegura que mantendrá las decisiones estratégicas bajo control estatal, mientras abre la puerta a capital privado para reforzar el desarrollo del sector.