La investigación por el lote de fentanilo contaminado entra en una etapa decisiva
En los próximos días, la Justicia podría establecer cuántas personas fueron afectadas —entre fallecidos y sobrevivientes— por el opioide adulterado que generó uno de los episodios sanitarios más graves de los últimos años. La información fue difundida según Radio3.
Nuevos estudios forenses para precisar el alcance del daño
Antes de que finalice la feria judicial, los investigadores enviarán al Cuerpo Médico Forense todas las muestras recolectadas durante el receso. Allí serán sometidas a nuevos análisis para determinar con exactitud el impacto del lote contaminado.
Fuentes cercanas al expediente señalaron que se realizó “un trabajo de depuración muy grande” para ordenar la información y avanzar hacia una cifra definitiva de víctimas.
Responsables detenidos y un proceso judicial en marcha
La causa mantiene detenidos y procesados a Ariel García Furfaro y a accionistas de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., señalados como responsables de la fabricación y distribución del fentanilo adulterado.
García Furfaro fue imputado como coautor del delito de adulteración de sustancias medicinales, hecho que habría provocado la muerte de al menos 20 personas, además de poner en riesgo la salud pública. Según el procesamiento, participó junto a 16 empleados en decisiones clave sobre la producción y comercialización del lote 31202, elaborado el 16 de diciembre de 2024.
Fallas críticas y alertas ignoradas
El expediente judicial detalla que la adulteración se originó en graves fallas del proceso de fabricación, varias de ellas consideradas críticas. También se registraron alertas previas que no fueron atendidas, lo que permitió que el opioide contaminado llegara a centros de salud.
Los documentos señalan que las irregularidades generaron un riesgo concreto para la población, finalmente materializado en decenas de personas afectadas.
Con los nuevos peritajes, la Justicia busca determinar el número real de víctimas y profundizar las responsabilidades penales de los directivos y técnicos involucrados. El caso sigue siendo uno de los más sensibles y complejos del ámbito sanitario reciente.