La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma integral de la Ley de Hidrocarburos que redefine el rol del Estado, habilita la cesión de activos y abre la puerta a inversiones privadas y extranjeras
La reforma fue enviada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y aprobada sin modificaciones sustanciales. El nuevo texto permite la transferencia de activos y la cesión de operaciones, un cambio profundo respecto del modelo de control estatal que predominó durante más de dos décadas.
Según autoridades legislativas, la medida busca acelerar la recuperación de la producción y alinearse con el plan energético impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, que contempla inversiones superiores a los USD 100.000 millones, según ámbito.
Mayor participación privada y flexibilización del rol de PDVSA
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, celebró la aprobación unánime y destacó que el nuevo marco permitirá una contratación “más competitiva” de empresas nacionales y extranjeras. La reforma otorga mayor autonomía operativa a compañías privadas dentro de empresas mixtas o contratos específicos, permitiéndoles operar y comercializar producción sin depender directamente de PDVSA.
Este giro contrasta con la política de nacionalización estricta que caracterizó al sector desde los años 2000, cuando se expropiaron activos de gigantes como ExxonMobil y ConocoPhillips.
Cambios impositivos y un modelo de producción compartida
Entre las modificaciones finales se incluyen:
- Reducción del impuesto a las ganancias para proyectos energéticos.
- Creación de un nuevo impuesto a los hidrocarburos, cuya reglamentación se definirá más adelante.
- Eliminación de gravámenes adicionales que encarecían la inversión.
- Consolidación del modelo de producción compartida, ya ensayado en los últimos años.
Estos cambios buscan atraer capitales y tecnología para dinamizar un sector clave de la economía venezolana.
Transferencia de activos y cesión de yacimientos
La reforma habilita explícitamente la transferencia de activos petroleros en manos de PDVSA y la cesión de la operación de yacimientos bajo el nuevo esquema contractual. Para el oficialismo, esta herramienta será decisiva para lograr el “despegue definitivo” de la producción y mejorar la competitividad internacional del país.
Con esta reforma, Venezuela inicia una etapa de apertura petrolera inédita en décadas. El Gobierno apuesta a que la llegada de capital extranjero y la flexibilización del marco regulatorio permitan reconstruir una industria estratégica para su economía y recuperar niveles de producción históricamente altos.
