Un caso judicial que ya era doloroso sumó un capítulo escandaloso que remueve los cimientos del sistema penal de Esquel. La Cámara Penal confirmó la condena a 10 años de prisión para un hombre que abusó de su sobrina menor de edad, pero el foco ahora se desplazó hacia el abogado que defendía al agresor.
Se trata de Daniel Sandoval, un conocido letrado de la ciudad cordillerana, quien enfrenta una imputación por «prevaricato» y deberá declarar el próximo 12 de marzo en Tribunales. El motivo: haber grabado en privado, en su estudio jurídico y sin la presencia de psicólogos ni especialistas, a la adolescente víctima del abuso, en un intento de obtener una retractación de su denuncia. Según jornada.
La Cámara Penal rechazó de plano ese video por considerarlo «obtenido de forma ilegítima» y advirtió que la maniobra constituyó una «revictimización» de la menor, que sufría un fuerte hostigamiento familiar por haber denunciado a su tío. Sandoval, por su parte, se defiende y asegura que él mismo denunció posibles irregularidades y que ahora es víctima de una «persecución penal».
La condena que no se movió: 10 años de prisión por abuso
Todo comenzó con un hecho aberrante. Un hombre fue condenado a 10 años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina menor de edad, en un fallo que la Cámara Penal de Esquel ratificó en diciembre de 2025 de manera unánime. La sentencia parecía cerrar un capítulo doloroso para la víctima y su familia.
Sin embargo, la defensa del condenado intentó revertir el fallo apelando a una estrategia que terminó poniendo en el banquillo al propio abogado. En su recurso, presentaron una grabación en la que la víctima, tiempo después del juicio, decía haberse equivocado en su denuncia.
El video prohibido: cómo se obtuvo la supuesta retractación
La Cámara Penal analizó minuciosamente la prueba presentada por la defensa y fue categórica al rechazarla. Los jueces coincidieron con el criterio de la Fiscalía y declararon la ilegalidad del video por múltiples razones.
La grabación se realizó en privado, en el estudio jurídico del abogado Daniel Sandoval, sin la presencia de psicólogos ni especialistas en abordaje de víctimas, y sin el control de la Fiscalía. La Cámara consideró ese acto como «una revictimización, ya que la ley prohíbe que el abogado del agresor entreviste a solas a la víctima».
Los magistrados explicaron que en casos de abuso dentro del ámbito familiar es muy común y esperable que las víctimas intenten dar marcha atrás debido a la presión del entorno. En este caso, se detectó que la adolescente sufría un fuerte hostigamiento familiar y se la culpaba por la detención de su tío, lo que quitó toda credibilidad a ese cambio de versión.
La imputación: Sandoval deberá declarar por prevaricato
Con el video desestimado y la condena firme, la Justicia puso la lupa sobre la conducta del abogado. Daniel Sandoval fue citado por la Oficina Judicial de Esquel para el jueves 12 de marzo, donde deberá declarar en el marco de una imputación por el delito de «prevaricato».
La figura penal, que castiga a los abogados que traicionan los intereses de sus clientes o actúan de manera maliciosa en un proceso judicial, se sustenta en la teoría de que Sandoval habría actuado de manera irregular al entrevistar a la menor sin garantías legales.
La versión de Sandoval: «Priorizó la verdad real y ahora lo persiguen»
Lejos de aceptar las acusaciones, Sandoval salió al cruce con un descargo contundente en el que se presenta como víctima de una persecución. El letrado aseguró que «el delito es haber priorizado la verdad real, y la protección de una menor por sobre la conveniencia institucional».
En su relato, Sandoval explicó que en junio de 2025, una adolescente de 17 años y sus padres se presentaron en su estudio jurídico. La joven manifestó su deseo de relatar hechos vinculados a una causa penal en la que un familiar suyo había sido condenado por abuso.
«Lejos de silenciarla o de actuar con sigilo escuché su relato y ante la gravedad de lo manifestado, que incluía posibles presiones y amenazas hacia la menor, decidí poner los hechos en conocimiento de la Justicia, dando origen a una nueva investigación fiscal», afirmó.
Simultáneamente, renunció a intervenir en la causa del familiar condenado, dejando constancia escrita de su imposibilidad de aceptar el cargo y solicitando que se designara un defensor oficial para no afectar los plazos procesales.
La paradoja: de denunciante a imputado
Sandoval planteó la paradoja de su situación: «Lo que debió ser considerado un acto de colaboración con la administración de justicia, poner en conocimiento de la autoridad hechos relevantes que involucraban a una menor vulnerable, se transformó en el origen de una persecución penal en mi contra».
Para el profesional, la Fiscalía lejos de valorar su conducta ética, «me imputó por prevaricato, sosteniendo una insólita teoría de que al entrevistar a la joven y denunciar los hechos habría actuado como defensor simultáneo del condenado y de la víctima, perjudicando deliberadamente los intereses de la misma».
La defensa: «Nunca acepté ser abogado del condenado»
Sandoval adelantó que su defensa «formulará un contundente descargo de oposición a la apertura de la investigación, solicitando su sobreseimiento por atipicidad manifiesta de la conducta».
El abogado enfatizó un punto clave de su estrategia: «Nunca acepté ser abogado del condenado. La doctrina penal es clara en que el delito de prevaricato exige una relación profesional vigente. Yo presenté un escrito expreso declinando la aceptación del cargo, por lo que nunca asumí defensa técnica alguna».
Aseguró que no asesoró a la víctima y sólo la escuchó, y denunció lo que escuchó cumpliendo con su deber. Puntualizó que la víctima después ratificó su denuncia y no hubo perjuicio. «Estoy imputado por traición cuando no traicioné a nadie», concluyó.
El caso que conmovió a Esquel suma un nuevo capítulo judicial, esta vez con un abogado en el centro de la escena. Mientras la condena a 10 años de prisión para el agresor quedó firme y ratificada por la Cámara Penal, el letrado Daniel Sandoval deberá enfrentar una imputación por prevaricato que pone en discusión los límites del ejercicio profesional y la protección de las víctimas. La supuesta retractación de la menor, obtenida en condiciones ilegítimas según la Justicia, no sólo fue desestimada sino que derivó en una causa paralela. El 12 de marzo, en Tribunales, Sandoval tendrá la oportunidad de dar su versión. Mientras tanto, la adolescente víctima del abuso intenta reconstruir su vida lejos del hostigamiento familiar.
