Durante la próxima reunión en el Consejo de la Magistratura -miércoles 17 de marzo- se tratará la admisibilidad o no de la denuncia impulsada en contra del jefe de fiscales de Puerto Madryn, Daniel Báez. La asociación “Madre Víctimas de Trata” presentó este pedido debido a la inacción del ministerio público fiscal de Puerto Madryn en una causa de abuso sexual infantil. El hecho ocurrió en Puerto Pirámides en 2016. En 2019 hubo dos sentencias de distintos tribunales quienes consideraron culpables a la madre de un menor y a la pareja de la mujer. Las condenas, ratificadas por la Cámara Penal fueron de 16 y 14 años respectivamente. El 30 de marzo venidero el Superior Tribunal de Justicia de Chubut fijó la audiencia. Pasaron siete meses para esta revisión debido a la recusación que realizó la defensa sobre el ministro del Superior Tribunal Alejandro Javier Panizzi.
Suele ser remanida la frase “los tiempos de la justicia”. Por supuesto que existen “tiempos y tiempos”. Una denuncia sobre abuso sexual infantil, radicada en Puerto Madryn en noviembre de 2016, derivó en la condena a una pareja residente en Puerto Pirámides. En cámara Gesell la víctima relató haber sido abusado por su madre, la pareja de ella y allegados al entorno familiar.
El rol de la fiscalía de Puerto Madryn
Se realizó la apertura de investigación solicitada por la jueza Stella Eizmendi. El plazo fijado: seis meses. Antes de llegar a ese lapso de tiempo la fiscalía de Puerto Madryn, cuyo jefe es Daniel Báez, pidió el sobreseimiento de la pareja. Pese a ello y tras cumplirse los seis meses de investigación, y ante el impulso de la parte querellante, la jueza Eizmendi decidió extender los plazos hasta completar el año para continuar con la causa y la recolección de pruebas. Fue allí cuando la fiscalía “se corrió” aduciendo que ya se había expedido en la materia. Transcurrido el tiempo y con más elementos a su disposición la jueza determinó elevar la causa a juicio. Corría ya el año 2018.
El juicio finalmente -y sin presentación de la fiscalía- se realizó en abril de 2019 en donde el tribunal decidió condenar por abuso sexual agravado por el vínculo a la pareja piramidense: 16 años para la mujer y 14 para el hombre. La sanción fue ratificada por la Cámara Penal de la ciudad.
La defensa apeló este fallo ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Se había fijado una audiencia para el pasado 11 de agosto de 2020 pero no se concretó porque se recusó a uno de los ministros del STJ. El objetado fue Alejandro Panizzi, quien fue defendido por el abogado Alfredo Pérez Galimberti, en 2013, durante un proceso de juicio político que atravesó Panizzi. Tras idas y vueltas, finalmente, Panizzi intervendrá de la audiencia fijada -7 meses después- para el próximo 30 de marzo.
Sabida es la situación del máximo tribunal provincial. Desde 2017 no se ha completado con los 6 integrantes que se permiten. Pese a que el mínimo de representantes del Superior Tribunal es de 3, en la actualidad hay solamente 2 ministros “titulares” -cuyos pliegos fueron aprobados en la legislatura local- necesitándose completar el triunvirato con un juez subrogante.
“El caso Pirámides” tuvo variados ribetes porque entre los denunciados había funcionarios del municipio de Puerto Pirámides y hasta un legislador -en ese momento- provincial. Hubo personas que atestiguaron en la causa que debieron abandonar su residencia al sentirse amenazados. Por su parte la cobertura mediática de los medios tradicionales -incluyendo al diario Clarín- sostuvieron la postura de allegados a la pareja que sostienen que existió una falsa denuncia de abuso. Si bien la víctima había encontrado la posibilidad de hablar ante una clase de Educación Sexual Integral (ESI) en su escuela fue desde el mismo establecimiento escolar desde donde se le cerraron las puertas.
El hecho tendrá, pues, dos importantes definiciones durante este mes: la propia audiencia de revisión de las condenas en el Superior Tribunal de Justicia y la admisibilidad o no de la denuncia en contra del jefe de fiscales de Puerto Madryn, Daniel Báez ante el Consejo de la Magistratura.
Archivo. El 11 de agosto de 2020 estaba fijada la audiencia en el Superior Tribunal que debe ratificar los dos fallos preexistentes o revertirlos. Sin embargo recién 7 meses después se fijó una nueva fecha para el tratamiento de la causa que involucra a una pareja de Puerto Pirámides en un hecho de abuso sexual infantil. En esta nota de archivo, además, se puede observar de ué manera fue otorgada la prisión domiciliaria para Bárbara de Cristofano.
Recusación a Panizzi. La demora en la resolución del Superior Tribunal de Justicia de Chubut estuvo signada por la recusación al ministro y vice presidente del órgano, Javier Panizzi, quien aceptó dicha propuesta de la defensa. El argumento: que uno de los representantes de la querella, el abogado Alfredo Pérez Galimberti había sido el abogado defensor de Panizzi en 2013. Al ministro le habían iniciado un juicio político que la legislatura de entonces votó en contra de su detitución.
Fuente: Fundación Ceferino
