En una medida de alto impacto financiero, el Gobierno de Suiza anunció este lunes el congelamiento preventivo de activos por un valor de 687 millones de francos suizos (aproximadamente 880 millones de dólares)
La decisión recae sobre bienes asociados al exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su círculo cercano, buscando evitar maniobras de fuga de capitales tras su reciente captura y traslado a los Estados Unidos.
El marco legal del congelamiento en Berna
La orden, ejecutada por el Consejo Federal suizo, se fundamenta en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Bienes Ilícitos (FIAA). Esta normativa permite a las autoridades helvéticas bloquear fondos de «personas expuestas políticamente» cuando existen indicios claros de origen vinculado a actividades ilegales.
Esta acción preventiva se activó apenas 48 horas después del arresto de Maduro en Caracas, ocurrido el pasado 3 de enero, ante el riesgo inminente de que fondos bajo sospecha de corrupción y narcotráfico fueran movilizados fuera del sistema bancario suizo.
Alcance de las medidas financieras y beneficiarios
Según reportes oficiales de la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales, los fondos detectados pertenecen a 21 personas de un listado de 37 figuras clave bajo investigación. Aunque la cancillería suiza mantiene bajo reserva la identidad específica de los titulares por razones legales, se confirmó que la medida busca proteger la integridad del sistema financiero internacional.
Futuro de los fondos: ¿Restitución a Venezuela?
El objetivo final de Suiza, una nación históricamente reconocida por su discreción bancaria, es garantizar que estos recursos no desaparezcan antes de que las investigaciones judiciales concluyan. Las autoridades de Berna han manifestado su intención de que, de comprobarse el origen irregular de estos activos, los mismos sean restituidos en beneficio del pueblo venezolano, siguiendo los protocolos del marco legal internacional.
De acuerdo con el medio informativo Radio3, esta acción refuerza la presión que el país europeo ejerce desde 2018, ampliando ahora el espectro de sancionados para cercar financieramente cualquier intento de blanqueo de capitales proveniente del antiguo régimen chavista.