El escándalo que sacude al Poder Judicial en la provincia sumó un capítulo definitorio.
Desde su estudio en Trelew, el abogado Martín Castro rompió el silencio y ofreció su descargo oficial frente a la difusión de una polémica grabación. En el material audiovisual, se lo observaba presuntamente solicitando 12 millones de pesos a la madre de una víctima con el supuesto fin de influir en las decisiones de la fiscal Julieta Gamarra para aliviar un pedido de pena.
Frente a estas graves acusaciones, el letrado se presentó por escrito ante la Fiscalía y convocó a la prensa para desmentir categóricamente cualquier ilícito. Según el periodista Rolando Tobarez, Castro afirmó que fue utilizado como instrumento en un ataque de tintes políticos destinado a perjudicar tanto a la fiscal del caso como a las más altas esferas de la Procuración General.
«Una escena maliciosamente armada»
En su defensa, Castro fue contundente respecto a la legalidad de sus actos y al destino de los fondos observados en las imágenes. “Es una escena maliciosamente armada: a la fiscal Gamarra nunca le ofrecí ni me pidió ni le entregué dinero alguno ni en ésta ni en ninguna causa”, aseguró el abogado. Además, destacó que la funcionaria siempre actuó «con seriedad, profesionalismo y compromiso», apegándose estrictamente a la ley.
Sobre los 12 millones de pesos, aclaró que el dinero correspondía exclusivamente al pago por sus servicios profesionales. “Lo que se ve en el video, que no se desarrolló en mi estudio, es la entrega de mis honorarios, cobrados por mi trabajo y debidamente justificados ante la Oficina Judicial”, reveló, subrayando que en ese momento actuaba como defensor particular y fuera de su horario en la Fiscalía de Estado.
El enojo familiar y el origen de la filtración
El letrado contextualizó la grabación vinculándola al descontento de la familia de Pablo “El Chavo” Ferreyra. Según Castro, la madre del detenido —quien entregó el dinero de manera llamativamente exagerada— albergaba un fuerte resentimiento hacia el Ministerio Público Fiscal. “El video se creó con la finalidad de perjudicar a la fiscal porque estas personas están en su contra, creen que Gamarra los persigue judicial y policialmente”, interpretó.
Como prueba de esta animosidad, el abogado recordó una amenaza directa de la cual fue testigo luego de que la mujer fuera expulsada de la audiencia de control de detención de su hijo: “La señora que está en ese video me dijo: ‘Gamarra a mí me las va a pagar’”. Esta situación, argumentó, fue el insumo perfecto para una producción sensacionalista.
Disculpas y desvinculación de la familia Miquelarena
Otro punto central de su descargo fue limpiar el nombre de funcionarios mencionados o aludidos indirectamente. Respecto al subsecretario de Seguridad, Rodrigo Miquelarena, aclaró que, si bien fueron socios en el pasado, este abandonó la profesión al asumir su cargo público y no tiene relación alguna con la causa. Asimismo, remarcó que no tiene trato con el procurador general, Jorge Miquelarena.
“Todos sabemos que es una operación creada para perjudicarlos y que me usaron como instrumento para llegar a eso”, sentenció Castro. Finalmente, extendió sus «sinceras disculpas» tanto a la familia Miquelarena como a la fiscal Gamarra por el inmerecido «linchamiento mediático», expresando su deseo de que la Justicia aclare los hechos rápidamente frente a la angustia generada por estos ataques.
