La Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió todos los procesos de presentación de pruebas en el juicio por la expropiación, dando aire al Estado nacional. Sin embargo, los demandantes aseguran que el fallo no afecta el fondo del caso y que siguen firmes en su objetivo de cobrar los u$s16.000 millones de la sentencia original. La batalla legal continúa.
En la compleja madeja judicial que envuelve a la Argentina en Estados Unidos por la expropiación de YPF, hubo un movimiento que favorece al país, pero los demandantes ya salieron a enfriar cualquier celebración. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dispuso suspender todos los procedimientos de presentación de pruebas vinculados al caso, dando lugar al planteo presentado por la Procuración del Tesoro.
Sin embargo, Armando Betancor, representante de los demandantes (Petersen y Eton Park, financiados por el litigante Burford), fue contundente: la decisión «no afecta nuestros esfuerzos por cobrar la sentencia de 16 mil millones de dólares que nos otorgó el Tribunal de Distrito». La pulseada, lejos de terminar, recién comienza.
Qué dice el fallo que favorece a la Argentina
La Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso que ningún tribunal avance con medidas relacionadas al caso hasta que se determine la cuestión de fondo en el proceso de apelación promovido por el Estado nacional. El planteo argentino había sido presentado por Sebastián Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración, solicitando frenar el avance de investigaciones y procedimientos en torno a la ejecución de la sentencia dictada contra Argentina en 2023.
Este tribunal es clave en la causa, ya que tiene la potestad de confirmar, modificar o revocar la sentencia que condenó a la Argentina al pago de una cifra millonaria por la expropiación de YPF. Su decisión de conceder la suspensión implica que, por el momento, no se podrán ejecutar reclamos ni avanzar en investigaciones adicionales. Es un respiro para el país, que gana tiempo mientras se define el fondo de la cuestión.
La respuesta de los demandantes: «Esto no afecta nuestro caso»
Lejos de amilanarse, los demandantes salieron rápidamente a dejar en claro su posición. Betancor aseguró que «la decisión tomada por el Segundo Circuito de suspender los procedimientos de presentación de pruebas no afecta la búsqueda de restitución para los inversionistas de YPF ni los esfuerzos por cobrar la sentencia de 16 mil millones de dólares».
El representante fue más específico: «Además, la suspensión no tiene nada que ver con el fondo de nuestro caso contra Argentina ni con el resultado de la apelación; solo se refiere a la presentación de pruebas posterior a la sentencia». Es decir, para los demandantes, se trata de una cuestión procesal menor que no altera el núcleo del conflicto.
La acusación de fondo: «Una decisión desastrosa»
Betancor también aprovechó para reiterar los argumentos de fondo de la demanda. Consideró que «el incumplimiento por parte de Argentina de los estatutos de YPF fue una decisión desastrosa y de gran trascendencia que llevó a la quiebra a inversionistas en la Bolsa de Nueva York».
El representante de los fondos sostuvo que «en todos los niveles, los tribunales estadounidenses han actuado reconociendo este hecho fundamental, y creemos que esto continuará». La estrategia de los demandantes es clara: mantener la presión y confiar en que, cuando la Cámara se expida sobre el fondo, la sentencia millonaria será confirmada.
El tablero judicial: qué viene ahora
Con la suspensión decretada, el foco se traslada ahora a la Cámara de Apelaciones, que deberá expedirse sobre la apelación argentina. Allí se definirá si se confirma, modifica o revoca la sentencia de primera instancia que condenó al país a pagar una cifra millonaria por la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012, cuando la empresa era controlada por la familia Eskenazi a través de Petersen.
La Argentina sostiene que la expropiación fue un acto soberano legítimo y que la valuación de las acciones realizada por el tribunal de primera instancia fue excesiva. Los demandantes, en cambio, argumentan que el país violó sus propios estatutos y los derechos de los inversores.
Mientras tanto, el respiro que otorga la suspensión le da al gobierno nacional algo de tiempo para preparar su estrategia de defensa y explorar posibles acuerdos. Pero el fantasma de los u$s16.000 millones sigue planeando sobre las reservas del Banco Central y las finanzas públicas.