Massoni alertó sobre la producción local de marihuana, y aseguró que la Unidad Antinarcóticos que él lidera, apunta a ser «como la DEA norteamericana». La Asociación de Magistrados catalogó al proyecto del ministro como «inviable».
El ministro de Seguridad, Federico Massoni, advirtió sobre «el crecimiento de la producción local de marihuana» y aseveró que «no hay una persecución férrea de la Justicia Federal».
«Ataca al más grande, pero el kiosquito es el más redituable y no es de interés judicial», lanzó el ministro.
Massoni contó que el proyecto que se enviará a la Legislatura para la creación de la mencionada Unidad Antinarcóticos apunta a ser «como la DEA norteamericana».
Explicó que en Chubut se emplean muchos policías que «ponen su esfuerzo pero van rotando» y que «la idea es generar una división fija y capacitada en el tema».
Críticas de los magistrados
La Asociación de Magistrados de Chubut, emitió un duro documento rechazando la idea del ministro Massoni sobre que el narcomenudeo pase a la competencia ordinaria.
Sostienen que para poder concretar esto es necesario crear más cargos, contar con laboratorios de alta tecnología y lugares de recuperación para adictos, pero debido a la situación económica de Chubut resultaría «imposible» concretarlo.
«Se expresa su oposición al proyecto de ley del Poder Ejecutivo mediante el cual se dispone transferir a la justicia provincial la competencia para investigar y juzgar los delitos de narcomenudeo», sostiene el documento.
«Diferenciar el narcomenudeo del narcotráfico produce un corte artificial en los ilícitos, por lo general vinculados, entorpeciendo su persecución. Una investigación fragmentaria genera el riesgo de impedir la comprensión de la cadena delictiva del narcotráfico y, consecuentemente, atacar sus verdaderas causas», agregó.
Explicitaron que dividir las competencias «imposibilitará determinar la punta del ovillo de las investigaciones para poder llegar al otro extremo de la madeja, en la que se ubica la cabeza de las organizaciones narcocriminales».
«Una transferencia de competencias como la que se propicia debería prever y disponer los fondos necesarios para que la justicia provincial pueda afrontar el costo de las investigaciones, lo cual implicaría la creación de cargos en fiscalías, defensorías y judicatura (de muy difícil cobertura en una Provincia que adeuda dos meses y medio de sueldo a sus funcionarios y magistrados)», precisan los magistrados en el escrito.
Consideraron vital «preverse las partidas presupuestarias para la creación de laboratorios periciales específicos, cuyos valores son sumamente elevados», al igual que «la provisión de bóvedas especiales de seguridad para el resguardo de la droga secuestrada, así como el equipamiento para su destrucción».
En ese marco, indicaron que «resultaría necesaria la creación de una Policía Judicial en la órbita del Ministerio Público Fiscal, con capacitación específica para su personal y estrictos procedimientos de contralor a cargo de organismos especializados».
«La necesidad de que los lugares de detención de personas procesadas y condenadas deberían ser provistos por el gobierno provincial, debiendo tenerse en cuenta que se trata de una modalidad delictiva en la que se interviene un importante porcentaje de mujeres… y deberían crearse nuevos establecimientos donde alojar a personas adictas para su tratamiento y recuperación», concluyeron.
